El cambio de empresa proveedora de las pulseras antimaltrato durante el mandato de Irene Montero como ministra de Igualdad ha destapado un doble escándalo sin precedentes en el sistema de protección a víctimas de violencia machista. Por un lado, la fallida adjudicación del servicio, que no sólo provocó la pérdida masiva de datos de agresores anteriores a marzo de 2024 , y por otro, la compra de dispositivos de control tan deficientes que los propios maltratadores pueden quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

La gravedad del escándalo se multiplica con las revelaciones de María Ángeles Carmona , ex presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, quien asegura haber comprobado personalmente que algunas de las nuevas pulseras «se habían comprado en AliExpress» . Y es que el propio Ministerio calificó como «deficiente» y «poco preciso» el plan de transición presentado por los adjudicatarios, otorgándole apenas un 3,6 sobre 10, pero aun así siguió adelante con el contrato.

Las consecuencias han sido devastadoras. La Fiscalía General del Estado confirmó en su memoria anual que el «vacío informativo» generado ha provocado «una gran cantidad» de absoluciones y sobreseimientos de agresores, al carecer los juzgados de información crucial sobre los movimientos de los maltratadores. Durante «varios meses», según el Ministerio Público, se perdió el acceso a todos los datos anteriores a la migración del sistema.

Chapuza de las pulseras

Los fallos técnicos documentados incluyen la congelación de ubicaciones durante días enteros, errores de GPS que sitúan erróneamente a los agresores, y, lo más alarmante, la facilidad con la que los maltratadores pueden manipular o quitarse los dispositivos. «Antes era casi imposible que el maltratador se los quitara. Habrían hecho falta unos alicates. Ahora se lo pueden quitar y poner fácilmente. Muchas veces incluso los venden en el mercado negro», denunció Carmona en declaraciones a El Confidencial.

El CGPJ había advertido en enero de 2024 a la actual ministra Ana Redondo sobre estos riesgos. «Se lo advertimos. Le advertimos de que este servicio no tenía las garantías», recuerda la expresidenta del Observatorio, quien señala directamente la falta de experiencia de Vodafone en el control de estos dispositivos como uno de los factores clave del desastre.

Mientras el PP, a través de Alberto Núñez Feijóo , exige dimisiones inmediatas por poner «a depredadores sexuales en la calle», el Ministerio de Igualdad intenta minimizar el escándalo calificándolo de «incidencias puntuales» supuestamente «resueltas de inmediato».

Sin embargo, los testimonios desde el Centro Cometa contradicen esta versión: «Estamos hablando de que algunos señores se pasan días con la pulsera rota. Víctimas que no reciben avisos sonoros de los dispositivos, ven a sus agresores y nadie les avisa», relató una trabajadora del centro al diario Público .