La ministra de Vivienda pide una "tregua política" ante la crisis de la vivienda y reclama a las comunidades autónomas que se comprometan a blindar el parque público a perpetuidad

La falta de obra nueva y la demanda no residencial disparan la vivienda de segunda mano a cifras récord

Cuando el presidente Pedro Sánchez recuperó el Ministerio de Vivienda en 2023, confió la cartera a la que había sido su portavoz en el Gobierno. Desde entonces, Isabel Rodríguez (Ciudad Real, 1981) está al frente de la que puede ser una de las carteras más ingratas de esta legislatura, por unas competencias limitadas y unas comunidades autónomas que no siempre reman a favor de sus políticas. Pero es, también, de las que tiene más margen de mejora, porque la vivienda es, desde hace meses, la principal preocupación de la ciudadanía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

Rodríguez ha empeñado sus esfuerzos en arrancar de las comunidades autónomas el compromiso de que ni un euro ni un suelo público acabe amortizándose y termine en manos privadas. “Blindar el carácter público, como hemos hecho con la sanidad o la educación”, repite a lo largo de esta entrevista, en la que reconoce que “destinar hoy viviendas a otros usos que no sean para la vida es un lujo que no nos podemos permitir”. Por eso, la ministra se abre a explorar en el ámbito europeo una limitación de la compra especulativa y pide “una tregua política en forma de respuesta y soluciones” a esta crisis, mientras descarta un adelanto electoral: “La ciudadanía está más preocupada por que resolvamos el problema de la vivienda que de acudir a las urnas”.

Esta semana ha anunciado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda se aprobará previsiblemente en diciembre. ¿Cuáles son las líneas maestras de ese plan?

Es uno de los instrumentos con los que estamos dirigiéndonos a la consolidación del derecho a la vivienda desde el Ministerio y con el que queremos trabajar en colaboración con el resto de administraciones, principalmente con quienes tienen encomendada de forma exclusiva esta competencia, que son las comunidades autónomas. Es el primer plan tras la Ley de Vivienda, que despejó todas las dudas que existían en la doctrina constitucional, y eso cambia la manera en la que hemos venido trabajando hasta ahora. Existe un amplio consenso social, y espero que termine siendo también político, para no cometer los errores del pasado y dar una respuesta precisa a la ciudadanía española que hoy no tiene un techo.

Hemos de invertir más, triplicamos la inversión, pasando de 2.000 a 7.000 millones de euros, con una cofinanciación del 60% por parte del Estado; esta importante inversión no puede ser desamortizada en una década, en 15 años o incluso menos, como plantean algunas comunidades, sino que tenemos que blindar ese carácter permanente del parque público de vivienda, amparándonos en la absoluta transparencia, para identificar dónde hemos de construir más y dónde hemos de apoyar más otro tipo de medidas, y también que desde los poderes públicos evitemos la especulación, fundamentalmente en el mercado del alquiler, muy apuntada ahora por parte de los portales inmobiliarios.

Desde el Ministerio han advertido que se quedarán fuera aquellas comunidades que no acepten blindar el parque público para siempre, aumentar la inversión y ofrecer datos transparentes. ¿Pueden dejar a cero euros las transferencias a determinadas comunidades autónomas que, a priori, han dicho que no aceptan esos requisitos?

Este miércoles tenía un encuentro con empresarios, representantes de la patronal, y también con los sindicatos CCOO y UGT y el diálogo social está de acuerdo con estas tres premisas que plantea el Ministerio. El Tribunal Constitucional ha reconocido la potestad y la competencia del Estado en las políticas de vivienda, en su orientación para garantizar la igualdad de todos los españoles y el crecimiento socioeconómico de nuestro país. Nosotros vamos a poner encima de la mesa todos los instrumentos que sean necesarios, no vamos a parar de poner en marcha estos recursos, estos incentivos y estas ayudas por guerrillas partidistas o electoralistas. Entiendo que la vivienda tiene que quedar al margen de esa lucha, que los españoles merecen una tregua política en forma de respuesta y soluciones.

¿Cuáles son las comunidades autónomas que más problemas están poniendo para aceptar esos requisitos?

Están los clásicos, como la Comunidad de Madrid y su presidenta [Isabel Díaz Ayuso], que dio el espectáculo en la Conferencia de Presidentes atacando el uso de las lenguas cooficiales, pero en general no hubo un ‘no’ rotundo. Por tanto, aspiro a que vayan entrando en la razón de que esto es bueno para todos sus territorios. Este país se la juega con la vivienda y en términos de atender a la juventud se juega su futuro, a la clase media trabajadora que se siente asfixiada por el sobrecoste de la vivienda e, incluso, en términos democráticos. Tenemos que ser responsables con una política que está competencialmente repartida desde los ayuntamientos, que planean el urbanismo, hasta las comunidades autónomas, que la tienen en exclusiva, y un Gobierno que hace una apuesta clara inversora. Como estamos al principio de este documento, vamos a mantener ese marco de acuerdo. Si no, tendrán que explicar por qué no quieren poner más presupuesto o blindar ese carácter público, como hemos blindado la sanidad o la educación.

En la práctica, ¿dejarlas fuera del plan no supone marcar una diferencia entre los ciudadanos que viven en esas comunidades y el resto?

Tenemos otros instrumentos, como la empresa pública, que va a ser una gran impulsora del parque público de vivienda asequible en nuestro país. Estamos dedicando muchos recursos y vamos a trabajar con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que deseen colaborar. En caso de ausencia de compromiso por su parte, que deseo que no ocurra, hay muchos agentes que quieren apoyar estas políticas, desde proveedores sociales de viviendas, un sector incipiente pero que ha tenido mucho éxito en otros países de nuestro entorno, hasta otras empresas públicas.

Plantean medidas a medio o largo plazo. ¿Qué medidas puede aplicar hoy el Gobierno para ayudar a ese 38% de familias que dedican más un de 40% de sus ingresos a pagar la vivienda?

La política de construcción de viviendas es lenta y el Ministerio hace un llamamiento a agilizar todo lo posible ese proceso. Desde nuestro ámbito, estamos apostando por la industrialización, que nos permite reducir los tiempos en torno a tres o seis meses. Entre tanto, son muchos meses donde cada familia, cada joven, sigue haciendo un desembolso exagerado para pagar el alquiler en los mercados más salvajes. Hemos puesto en marcha medida e instrumentos que están utilizando administraciones como Catalunya y, más recientemente, País Vasco, Navarra y también Galicia, que están permitiendo bajar las rentas y el esfuerzo financiero de las familias una media del 5% y hasta un 8% en algunos barrios de Barcelona. Estamos interviniendo el mercado desde lo público y está siendo eficaz. A algunos les parece una intromisión, pero es lo que reclamaba la presidenta de la Comisión Europea [Úrsula Von der Leyen], las posiciones más academicistas y los expertos.

Al mismo tiempo, vamos a acompañar con ayudas directas, intentando sacar del mercado todo aquello que se produce al amparo de la ilegalidad o de la falta absoluta de regulación, como hemos hecho con los pisos turísticos. Destinar hoy viviendas a otros usos que no sean para la vida es un lujo que no nos podemos permitir. En estos momentos hay que priorizar la vivienda para la vida, ese es el planteamiento que hacemos desde el Ministerio.

¿Se plantean prohibir la compra especulativa de vivienda, como piden algunos de sus socios?

Algunas de estas reformas tienen complejidad legislativa, pero en ningún momento lo hemos desechado. El Grupo Socialista ha registrado una iniciativa legislativa en la que planteamos gravar esas inversiones de extranjeros no residentes. Es un debate que hemos de abordar en las instituciones europeas, porque tienen que ver con el libre comercio y algunas de las normas de los contratos de adhesión a la Unión Europea, pero apostamos por intervenir, igual que con la excepción ibérica. La vivienda no es un bien de mercado cualquiera, es un derecho. Estamos hablando de una crisis que puede derivar en una crisis social. Los países de la Unión Europea y, desde luego, España con un crecimiento económico muy fuerte, tiene que abordar esta cuestión.