El presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, Darwin Baca, anunció la extensión de la tregua por 72 horas en el paro pacífico que afecta la ruta hacia la famosa ciudadela inca. Esta decisión se tomó tras una reunión en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en Lima. Baca declaró: "Nos hemos puesto en comunicación hace pocos minutos con nuestros dirigentes y lo que se ha quedado es dar una tregua de 72 horas para poder dar solución, tomando en cuenta que hay la voluntad del Estado de poder buscar una solución y garantizar la seguridad como corresponde en el traslado de las unidades vehiculares hacia Machu Picchu".

La reunión contó con la participación de representantes de la empresa San Antonio de Torontoy y del consorcio Consettur, así como funcionarios del Estado. Baca subrayó la importancia de la presencia de los alcaldes de Machupicchu Pueblo y Urubamba en la próxima reunión programada para mañana a las 5:00 p.m. La participación de estas autoridades es crucial para avanzar en el plan de contingencia propuesto por la Municipalidad Provincial de Urubamba, que regula el transporte en la ruta Hiram Bingham.

El conflicto en la ruta a Machu Picchu se originó el 4 de septiembre, cuando finalizó el contrato de 30 años que permitía a Consettur operar los buses en la ruta Hiram Bingham. La Municipalidad Provincial de Urubamba adjudicó temporalmente la operación a la empresa San Antonio de Torontoy, que está conformada por comunidades campesinas. Sin embargo, el inicio de sus servicios fue saboteado el 12 de septiembre por personas no identificadas que dañaron un tren destinado a trasladar los vehículos.

Las comunidades han denunciado que las autoridades locales y sectores vinculados a Consettur han obstaculizado la nueva operación con "excusas técnicas y administrativas". Esto provocó un paro que afectó el acceso a Machu Picchu, incluyendo la suspensión temporal de los servicios ferroviarios de PeruRail e Inca Rail. La tregua inicial de 72 horas permitió restablecer el servicio de trenes y buses, movilizando a más de 200 turistas el jueves, aunque la incertidumbre persiste.

Las comunidades de Machu Picchu han presentado un pliego de cinco demandas específicas. Exigen el respeto a la adjudicación de San Antonio de Torontoy para operar 18 buses en la ruta Hiram Bingham, el restablecimiento del servicio ferroviario interrumpido, un traslado progresivo de buses para promover la competencia en el servicio, y la mediación de la Defensoría del Pueblo. Baca enfatizó que la población espera garantías para el cumplimiento de la ley, afirmando: "El Estado ha recibido de toda la población [...] la seguridad, el cumplimiento de la ley para que el Estado como tal nos garantice sus funciones".