"Cuestionar la solicitud de Espinoza es un deber de todo aquel que se llame demócrata. No se trata de defender al partido de Keiko Fujimori, sino de advertir un peligroso precedente. Una autoridad judicial no puede pedir la cancelación de un partido político porque sus integrantes la critican o la cuestionan, menos a puertas de elecciones generales como las que han sido convocadas".

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