La Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido suspender el servicio de seguridad y protección personal que se le otorgaba a Delia Espinoza, quien fue fiscal de la Nación. Esta medida se produce tras su suspensión por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El comandante PNP Marco Romero Camarena comunicó la decisión a Espinoza el sábado 20 de septiembre.

A pesar de que Espinoza ha expresado su temor por su vida, el Ministerio del Interior (Mininter) ha procedido con la retirada de su protección. En un oficio, Espinoza solicitó al ministro del Interior, Carlos Malaver, que se mantuviera su equipo de seguridad, argumentando que ha estado a cargo de investigaciones sobre organizaciones criminales complejas. "A fin de resguardar mi vida e integridad personal, le solicito que se mantenga al equipo de seguridad que tengo asignado para mi resguardo individual y de mi domicilio", escribió Espinoza.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal suspendida hizo un llamado público al ministro, advirtiendo que su desprotección podría poner en riesgo su vida. "Si se concreta la suspensión de mi persona, voy a quedar totalmente desguarnecida", afirmó. Espinoza también expresó su compromiso con la lucha contra la corrupción, a pesar de los riesgos que enfrenta. "Temo por mi vida, soy un ser humano, pero eso me llena de temor para seguir enfrentando la corrupción", agregó.

La suspensión de Espinoza, que se extenderá por seis meses, ha dejado al Ministerio Público sin su máxima autoridad en un contexto de tensiones políticas. La JNJ tomó esta decisión tras atribuirle faltas disciplinarias relacionadas con la reposición de Patricia Benavides en el cargo. La vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, presentó la propuesta de suspensión, que fue respaldada por otros consejeros, excepto Francisco Távara Córdova, quien fue apartado del proceso.

Espinoza debía presentarse a la JNJ para ejercer su derecho a defensa, pero decidió no hacerlo, alegando falta de garantías para un debido proceso. La normativa vigente permite que la suspensión preventiva se prorrogue una sola vez, lo que podría extender su apartamiento del cargo hasta un año, dependiendo del desarrollo del proceso disciplinario.

Durante su suspensión, el fiscal supremo de mayor antigüedad, Pablo Sánchez Velarde, asumirá interinamente el despacho de la Fiscalía de la Nación. Si él no acepta el encargo, la responsabilidad recaerá en Zoraida Ávalos, y así sucesivamente en la línea de sucesión.

El conflicto central radica en la negativa de Espinoza a acatar la resolución de la JNJ que ordenaba la reposición de Benavides, a pesar de que ya se había designado a un nuevo titular. El informe de Cabrera sostiene que Espinoza no solo ignoró el mandato, sino que también realizó acciones para mantenerse en el cargo, incluyendo la negativa a recibir a la funcionaria restituida y convocar a la Junta de Fiscales Supremos.