La relación entre Colombia y Estados Unidos se encuentra en un punto crítico debido a la controversia sobre las extradiciones de narcotraficantes. El embajador de EE.UU. en Colombia, John McNamara, ha enfatizado que "eliminar las suspensiones de extradiciones de narcoterroristas es una prioridad de la Casa Blanca". Esta declaración se produce en un contexto donde el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha defendido su decisión de suspender la extradición de ciertos narcotraficantes, argumentando que la paz es un derecho fundamental según la Constitución Nacional.

Petro ha extraditado a 400 individuos, pero ha decidido no extraditar a tres, quienes están involucrados en procesos de paz. "La ley me permite privilegiar la paz sobre la extradición", afirmó el presidente. Esta postura ha generado tensiones diplomáticas, con analistas como Ricardo Zúñiga advirtiendo que las extradiciones suspendidas son "simbólicas de la decadencia en la relación" entre ambos países.

Uno de los casos más notorios es el de alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, quien fue capturado pero recibió un trato preferencial que le permitió evitar la extradición. Documentos revelan que altos funcionarios del gobierno intercedieron en su favor, lo que provocó la indignación de la Embajada de EE.UU. McNamara expresó su preocupación por la creciente lista de narcotraficantes cuya extradición ha sido suspendida por estar involucrados en el proceso de paz.

Además de Araña, otros dos narcotraficantes, Gabriel Yepes Mejía (alias HH) y Willinton Henao Gutiérrez (alias Mocho Olmedo), también han visto suspendidas sus extradiciones. HH es requerido por delitos relacionados con el tráfico de drogas y está involucrado en negociaciones de paz, mientras que Mocho Olmedo fue capturado con fines de extradición y también participa en el proceso de paz.

El gobierno de Petro ha establecido que la regla general es suspender la extradición de quienes colaboren efectivamente con los procesos de paz. Sin embargo, esta política ha sido criticada por exfuncionarios y analistas, quienes advierten que podría afectar la certificación de Colombia en la lucha contra las drogas. El exfiscal Néstor Humberto Martínez ha señalado que el Departamento de Justicia de EE.UU. no permitirá la certificación mientras exista esta política antiextradición.

La situación actual refleja un cambio significativo en la política de extradiciones de Colombia, lo que ha llevado a un aumento de las tensiones entre ambos países. La administración de Duque, por ejemplo, realizó 760 extradiciones, mientras que el ritmo ha disminuido notablemente en la actual administración.