La Contraloría General de la República del Perú ha alertado sobre serias deficiencias en el contrato de transporte terrestre hacia Machu Picchu, un destino turístico clave. En un informe fechado el 17 de septiembre de 2025, se identificaron problemas que podrían afectar la calidad del servicio. El conflicto principal se centra en la transición entre operadores tras la finalización del contrato con Consettur Machupicchu S.A.C. el 4 de septiembre de 2025. La Municipalidad Provincial de Urubamba intentó realizar una nueva licitación, pero esta fue suspendida debido a una acción de amparo presentada por Consettur.

Ante la inminente caducidad del servicio, la municipalidad optó por un procedimiento de contratación directa, adjudicando el servicio a Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy S.A. por S/19 millones 440,000. Sin embargo, el contrato aún no había sido firmado al momento del informe, creando un vacío operativo. La Contraloría también observó que el Plan de Contingencia de la municipalidad carece de definiciones sobre la administración y cobro de tarifas, lo que podría comprometer la continuidad del servicio.

El informe destaca que no hay disposiciones claras sobre la interacción entre la empresa saliente y la entrante, lo que podría generar confusiones durante la transición. Además, se identificó que la nueva concesión solo exige un mínimo de 18 buses, a pesar de que el plan original contemplaba entre 18 y 24 unidades. Esto podría afectar la cobertura de la demanda, ya que la flota actual es mayor.

La Contraloría también reportó que no pudo acceder a la zona donde se encuentran los buses de la nueva empresa, lo que limitó su labor de control. En sus recomendaciones, instó a la Municipalidad de Urubamba a tomar acciones correctivas para asegurar la continuidad del servicio.

Por otro lado, tras un paro de ocho horas, se logró restablecer el servicio de transporte turístico a Machu Picchu. La Presidencia del Consejo de Ministros anunció que se implementará un plan de contingencia y que se coordinará con la Policía Nacional para garantizar la seguridad del transporte. Este acuerdo se alcanzó tras un diálogo entre autoridades, empresarios y representantes de la sociedad civil, beneficiando a miles de turistas y a la comunidad local.

El presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Carlos González, enfatizó la importancia de ofrecer un servicio de calidad y seguridad, y advirtió sobre posibles conflictos sociales que podrían afectar la operación ferroviaria. La situación en Machu Picchu sigue siendo delicada, y las autoridades deben actuar con rapidez para garantizar un servicio eficiente y seguro.