El PSOE insiste en tender la mano a Puigdemont para dar cumplimiento a todos los acuerdos pendientes, pero se lava las manos ante la actitud de Podemos, decidido a tumbar el texto este mismo martes: "Cada partido es responsable de lo que vota"

El PSOE se abre a volver a negociar las competencias migratorias prometidas a Junts que caerá este martes en el Congreso

Salvo giro de guion inesperado, Junts asistirá este martes en el Congreso a un duro revés político. La delegación de las competencias migratorias a Catalunya, probablemente el acuerdo de mayor calado arrancado al PSOE esta legislatura después de la amnistía, descarrilará a las primeras de cambio al inicio de su tramitación parlamentaria este mismo martes, porque Podemos denuncia que esa cesión se ha producido al calor de la competencia electoral de los de Carles Puigdemont con la xenófoba Aliança Catalana. Por eso, avanza su voto en contra y hace que al Gobierno no le salgan las cuentas para cumplir con lo pactado.

En un contexto de quiebra de la colaboración política desde la vuelta del verano, con Junts alineado en varias votaciones clave con el PP y Vox en el bloque de la oposición, el PSOE teme ahora la reacción de los independentistas catalanes al ver caer una medida de la que hacen bandera y que consideran estratégica al calor de las encuestas y la fuga de voto hacia su competencia independentista ultra.

“El PSOE es responsable de sus acuerdos, pero no le podemos achacar al PSOE lo que voten otros partidos políticos. Nosotros tenemos un respeto absoluto por las mayorías del Congreso. Y cada partido es responsable de lo que vota o no vota”, se limitó a responder la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, este lunes, en rueda de prensa en Ferraz. Al ser interrogada sobre si recuperarán alguna medida de la proposición de ley para aprobarla sin pasar por el Congreso cuando la votación caiga, Mínguez apuntó que el partido se compromete a analizarlo “más adelante”.

La inquietud en el Ejecutivo tiene que ver con que el previsible varapalo de este martes para Junts tenga como consecuencia una reacción airada de los siete diputados de Puigdemont en el Congreso que complique aún más la legislatura. Las sensaciones sobre esa posible digestión pesada de la caída del traspaso de competencias migratorias se acrecientan, además, por el resultado de la reunión de la semana pasada entre la cúpula de Junts y la del PSOE, con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza.

Los socialistas confirman que ese encuentro “no fue bien” y que no sirvió para desbloquear nada, sino tan solo para constatar lo utópico que resulta a día de hoy contar con los votos de Junts en el Congreso para horizontes tan ambiciosos como sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Las fuentes conocedoras de esa reunión señalan que gran parte de la misma giró en torno a los continuos reproches de Junts al PSOE por lo que consideran “flagrantes incumplimientos” de lo comprometido en su día, en referencia principalmente a la oficialidad del catalán en Europa y a que el propio Puigdemont aún no haya podido acogerse a la amnistía. Dos extremos, en todo caso, de los que el PSOE también se sacude la responsabilidad al depender del resto de países de la UE, por un lado, y de la aplicación de los tribunales de justicia, por otro.

Por eso en Ferraz explican que la principal inquietud respecto al comportamiento de Junts de ahora en adelante tiene que ver con que aprecian a los independentistas catalanes “muy tocados por las encuestas” y también desubicados por el intenso debate interno sobre la estrategia a seguir. “Por un lado, hay quien les pide caña al Gobierno por la competencia con Aliança de cara a las municipales, pero por otro Puigdemont es el último que quiere elecciones generales porque ahora les iría muy mal y porque se arriesgaría a que otro Gobierno complique aún más lo de su amnistía”, razonan en Ferraz.

Podemos acusa a Junts de racismo

Podemos, mientras, no quiso esperar hasta el último minuto para desvelar el sentido de su voto y una vez se supo que el orden del día del martes incluía este punto avanzó que rechazarían la toma en consideración. En el partido creen que este debate tiene exclusivamente que ver con la competición de Junts con la ultraderecha de Aliança Catalana, que en una reciente encuesta en La Vanguardia se situaba en los 19 escaños, a solo dos de la formación de Carles Puigdemont. El partido de Silvia Orriols, que combina sus postulados contra los migrantes con ideas independentistas, tiene un importante caladero de voto en los desencantados de Junts. Por eso la formación de Ione Belarra asocia este acuerdo con un intento de Puigdemont de contener la fuga de votos a su derecha.

“Para hacer políticas racistas no se podrá contar nunca con Podemos: el racismo es una de las mayores amenazas y Podemos no va a ser cómplice de su expansión y normalización”, dijo este lunes en rueda de prensa el portavoz y secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, que puso el foco especialmente en la exposición de motivos del texto. Ese preámbulo habla de la necesidad de gestionar la inmigración con eficacia y de que las instituciones hagan esfuerzos por “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.

Podemos cree que tanto el texto como las motivaciones que llevan a Junts a negociar esta iniciativa terminan validando “el racismo institucional”. “Es un texto en su exposición de motivos de extrema derecha y abiertamente racista y normaliza el racismo institucional en su parte normativa”, dijo este martes Fernández, que trató además de despejar las críticas que la izquierda independentista le ha dirigido por su rechazo al traspaso de estas competencias. “No es un debate sobre si es más racista España o Catalunya, sobre si hacen más redadas los Mossos o la Policía: se trata de que si estás en contra del racismo institucional no puedes votar una ley donde se negocia quién gestiona el racismo institucional”, insistió.

No solo el PSOE ha intentado estos días defender la aprobación de la norma, también Sumar, que este lunes acusó a Podemos, sin nombrarlos directamente, de falta de rigor. “Es una ley estrictamente competencial”, dijo el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que exhortó a quienes critican la ley de “racista” a que expliquen por qué. “Yo he leído los 13 artículos y son competenciales. Que me digan cuál es el artículo racista de esta proposición de ley, hay que ser riguroso”, insistió.

IU debate el sentido del voto

Sin embargo, no todos los partidos de Sumar hacen una defensa tan cerrada del texto. Izquierda Unida, que en el pasado habló de referencias xenófobas en la ley que se deberían corregir, aseguró este lunes que sus diputados están todavía debatiendo el sentido del voto. En la formación quieren esperar a que termine la intervención de Junts en el debate de mañana, con la idea de comprobar si sus portavoces ofrecen garantías sobre su posición respecto a la inmigración, más allá de esta ley. “Antes de apoyar o no nada, el proponente debe dejar claro cuál es su política en materia de lo que pide que se traspase a su comunidad, de cara a la gestión que pudiera hacer de ello en un futuro. Si nunca responde a ello, hace bastante complicado poder entender sus propuestas”, sostienen fuentes del partido en el Congreso.

También se ha mostrado crítico frente a esta ley el diputado de Compromís en Sumar, Alberto Ibáñez, que tras conocer el acuerdo entre PSOE y Junts para esta ley también criticó sus tintes racistas, establecerá su posición definitiva este martes en una rueda de prensa.

La proposición de ley que se vota este martes es fruto de un pacto entre socialistas e independentistas de principios de 2024 a cambio de que la formación de Carles Puigdemont diese su visto bueno a la convalidación del decreto anticrisis del Gobierno. Los detalles de ese acuerdo se cerraron el pasado mes de marzo y ahora llegan por primera vez al Congreso para someterse a votación en la Cámara Baja.