La presidenta y su entorno han tratado de situar al empresario y comisionista en el centro de una confabulación institucional comandada por el Gobierno de Pedro Sánchez

La jueza envía al banquillo a la pareja de Ayuso por defraudar 350.000 euros con facturas falsas

“Ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo años (...). Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa”. Fue la primera reacción de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, horas después de que elDiario.es publicara en exclusiva el 12 de marzo de 2024 que la Fiscalía había denunciado a su pareja por fraude fiscal. Este lunes, un año y medio después, una jueza de Madrid envió al banquillo al empresario Alberto González Amador por defraudar a Hacienda 350.951 euros valiéndose de una trama de facturas falsas.

En todo este tiempo, Ayuso, el PP y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han tratado de situar a González Amador en el centro de una supuesta confabulación institucional contra la presidenta regional comandada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su prensa afín. “Mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje (...). Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantalla ni nada (...). Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado porque es mi pareja”, abundó Ayuso el 13 de marzo de 2024, un día después de la primera revelación sobre el fraude fiscal del empresario.

En realidad, la Agencia Tributaria abrió a su pareja una inspección que acabó derivando en una querella de la Fiscalía y en una causa judicial que se acerca a la fase de juicio al considerar “sumamente llamativo” que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones —hasta los 2,3 millones— y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019.

La investigación reveló que el empresario disparó sus ingresos durante la pandemia: ganó cerca de dos millones de euros haciendo de intermediario con una empresa sin empleados. Y que cuando tuvo que pagar impuestos usó un entramado de facturas falsas y empresas pantalla para imputar gastos inexistentes a su empresa, Maxwell Cremona. Lo que consiguió, en la práctica, fue reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. El empresario presentó facturas falsas de ocho compañías sin trabajadores, reflejó gastos por negocios que nunca se produjeron —como la venta de vacunas a Costa de Marfil— y usó sus dos sociedades para traspasar ingresos y pagar menos impuestos.

Después de ese pelotazo, se compró el piso del centro de Madrid en el que vive con Ayuso. En 2022 entregó 350.000 euros de entrada, una cantidad casi idéntica a la que había defraudado a Hacienda por los dos ejercicios anteriores. elDiario.es también reveló después que ambos también disfrutan del ático de lujo que está justo encima de su vivienda. Ese ático está a nombre de una sociedad del abogado del empresario, al que paga un alquiler de 5.000 euros al mes, según han reconocido ambos en sede judicial.

Un “ciudadano particular”

A pesar de los claros indicios que recogía la querella de la Fiscalía y el informe tributario, Ayuso, el PP y altos cargos de la Comunidad de Madrid asumieron la defensa del empresario. Y lo hicieron mintiendo durante varias semanas, en las que insistieron en la teoría de que todo era una persecución del Estado contra un “ciudadano particular” que no había cometido ninguna ilegalidad.

Intentaron, incluso, instalar la idea de que era Hacienda la que le debía “casi 600.000 euros”. En realidad, González Amador intentó remediar su engaño de 2020 y 2021 a Hacienda ingresando a las arcas públicas las cantidades adeudadas en 2022, cuando ya era investigado. Ese dinero, que la pareja de Ayuso pagó sin que nadie se lo pidiera, es lo que explica esa supuesta “deuda” de Hacienda de la que presume la presidenta. Cuando González Amador comprobó que no iba a conseguir aminorar el castigo, solicitó la devolución. De ahí salen los “casi 600.000 euros”.

En esa estrategia de señalamiento tuvo un papel relevante Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Comunidad y figura histórica de la comunicación política del PP desde los primeros años de José María Aznar. El asesor asumió de manera personal la tarea de defender a González Amador, a quien tenía guardado en la agenda como “Alberto Quirón”.

Y lo hizo recurriendo incluso a la amenaza contra el periódico que había desvelado el fraude de la pareja de su jefa. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió a una de las periodistas de elDiario.es después de que este medio publicara la segunda exclusiva sobre González Amador, que desvelaba que el empresario había cobrado dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.

Rodríguez también difundió información del caso en forma de bulo para manipular a la opinión pública a favor de González Amador. Contó a decenas de periodistas que el fiscal del caso había ofrecido un pacto al empresario, pero que después lo había retirado por “órdenes” de la cúpula. Otra vez la misma estrategia: la supuesta operación de Estado. Ese bulo está, además, en el origen de la causa por la que se sentará en el banquillo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de filtrar información de la pareja de la presidenta cuando el Ministerio Público trató de desmentir esa información.

La realidad es que la pareja de Ayuso había asumido ante la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, una semana antes de que la Fiscalía lo denunciara en los juzgados, que había defraudado impuestos. Lo había hecho en un escrito donde se comprometía a pagar más de medio millón de euros y proponía una condena de ocho meses de cárcel, siempre que no implicase su entrada en prisión.

Fiscales y peritos

Después de que descarrilara en pocas horas la defensa inicial que hizo de su pareja tras trascender que él mismo había reconocido los delitos, Ayuso recuperó la estrategia del ataque a las instituciones. “Una trama se fabrica con dos de pipas y si quieren, le hago una trama ahora mismo”, dijo la presidenta en abril de 2024. Fraudes como el de González Amador no son tan habituales: menos del 1% de los contribuyentes investigados por Hacienda acaban denunciados ante la Justicia como él. Eso sólo ocurre con los casos más graves y los que pueden comportar blanqueo, contrabando o delito fiscal.

No sólo son los indicios que figuran en la inspección inicial de Hacienda y los que aparecieron durante la investigación judicial. Las declaraciones en sede judicial de las funcionarias de Hacienda y los fiscales que investigaron a González Amador también han puesto en cuestión la teoría de la conspiración de Ayuso. Dos fiscales directamente implicados en el caso, Julián Salto y Almudena Lastra, testificaron el pasado enero en el Tribunal Supremo y explicaron el detalle que tira por tierra esa teoría: ni en la Fiscalía de Madrid ni en la Fiscalía General sabían quién era González Amador hasta días después de que el caso ya estuviera en manos de los jueces.

Tampoco sabían que, a lo largo del proceso fiscal y penal, su abogado reconoció varias veces su culpabilidad en busca de un pacto o una vía de escape que evitase la cárcel. Todo mientras Ayuso y su entorno difundían falsedades como que no había fraude y en realidad, era Hacienda quien debía dinero al empresario.

La publicación de la declaración en el juzgado de las peritos de Hacienda que descubrieron el fraude apunta en la misma dirección. “Eso es un tema personal. Yo ahí no me meto”, afirmó la inspectora cuando el abogado de la empresa de González Amador le preguntó sobre cuándo se tuvo “conocimiento” de que su cliente era pareja de la presidenta. A pesar de las advertencias de la jueza de que no debía tratarse esa cuestión, el letrado insistió. “No me meto en la vida personal de nadie (...). No es un hecho que viene dentro de nuestro informe”, acabó diciendo la funcionaria de Hacienda.