La Cámara de Diputados se ha convertido en un nuevo campo de batalla para el Gobierno, ya que la oposición ha activado el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, tiene como objetivo reducir la capacidad del Ejecutivo para gobernar mediante decretos y establecer un mayor control legislativo.

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento se reunió para discutir la propuesta, acordando que se firmará el próximo 30 de septiembre, con la intención de llevarla al recinto de inmediato. Este movimiento ha generado preocupación en la Casa Rosada, donde los DNU se han convertido en una herramienta clave para implementar medidas sin necesidad de pasar por el Congreso.

Actualmente, la normativa permite que un DNU se mantenga en vigor con la aprobación de una sola cámara, mientras que para su derogación se requiere el rechazo de ambas. Esto ha blindado a los presidentes, quienes han utilizado los decretos como un mecanismo rápido para avanzar en su agenda, incluso en ausencia de situaciones de emergencia.

La reforma propuesta por la oposición cambiaría estas reglas, permitiendo que el rechazo de una sola cámara sea suficiente para anular un DNU. Además, establece un plazo de 90 días desde su publicación para su aceptación parlamentaria; si no se obtiene un aval expreso en ese tiempo, la medida perdería vigencia. También se prohibiría al Ejecutivo emitir un nuevo decreto sobre la misma materia en el mismo período legislativo.

Desde Unión por la Patria, se ha defendido la necesidad de modificar el esquema actual, al que se ha calificado como un "desvío institucional" que ha normalizado una práctica destinada a circunstancias excepcionales. "Este Gobierno no busca consensos, gobierna por decreto y por veto", criticaron.

El debate en Diputados ha expuesto tensiones entre los bloques. La diputada Mónica Litza recordó que la ley que se busca modificar fue impulsada en 2006 por Cristina Kirchner, y aunque supuso un avance en su momento, terminó consolidando un esquema que favoreció al presidente de turno. Por su parte, el diputado Christian Castillo del Frente de Izquierda denunció que el régimen vigente es "anticonstitucional" y acusó al Gobierno de gobernar "a decreto limpio".

En contraste, Patricia Vásquez cuestionó la "doble vara" del kirchnerismo, recordando que durante la gestión de Alberto Fernández se emitieron 178 DNU sin que el oficialismo mostrara reparos. "Si hoy estuvieran en el Gobierno, reclamarían el mismo libertinaje que tuvieron antes", afirmó.

El debate en la Cámara de Diputados se intensificará en los próximos días, con la expectativa de que se firme un dictamen de mayoría que respalde el proyecto. Si se aprueba, los DNU deberán ser aprobados en un plazo de 90 días y podrán ser rechazados por una sola cámara, lo que podría cambiar significativamente la dinámica del poder ejecutivo en Argentina.