El magistrado, que inició la investigación tras una querella de Manos Limpias y la ha continuado apoyándose en otras acusaciones ultras, acerca a la mujer de Sánchez al banquillo tras enmendarse a sí mismo y fracasar con Bolaños

El juez Peinado comunica a Begoña Gómez que será juzgada por malversación ante un jurado popular

Más de 9.000 folios reunidos en 19 tomos y una pieza separada, cuatro investigados y más de una treintena de testigos interrogados, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su ministro de Justicia, Félix Bolaños, y varios presidentes de empresas del Ibex. Son las grandes cifras de la causa que el juez Juan Carlos Peinado sigue desde hace casi un año y medio contra Begoña Gómez, a la que este miércoles comunicó que si finalmente se sienta en el banquillo por el delito de malversación que le atribuye por las tareas que realizó su asistente será un jurado “popular” quien determine si es o no culpable.

Precisamente para comunicarle esta decisión el juez la ha citado el próximo sábado por la tarde en su juzgado junto a la asesora Cristina Álvarez y al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era el jefe de la asistente en la Moncloa cuando envió los tres correos a empresas que colaboraban con la esposa del presidente que sustentan la imputación por este delito. Será la quinta vez que Begoña Gómez tenga que asistir a la sede de los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid, donde es habitual que se concentren grupos de exaltados vinculados a algunas de las asociaciones ultras que ejercen la acusación. En la última ocasión, hace solo dos semanas, la Policía acordonó la zona y encapsuló a los manifestantes en la acera contigua.

En las causas que se juzgan por jurado popular son nueve ciudadanos de a pie, elegidos por sorteo, los encargados de decidir si creen a las acusaciones o a las defensas. La Ley del Tribunal del Jurado, que data de 1995, delimita los delitos que se pueden enjuiciar a través de esta institución jurídica. Entre ellos están los cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, como es el caso de la malversación que Peinado atribuye a Begoña Gómez.

La decisión de anticipar un posible juicio con jurado popular es el último hito de una causa que el magistrado inició tras recibir una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas. En uno de sus primeros autos, el juez dejó claro que su pretensión era investigar “todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España” contenidos en esa denuncia.

La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de dos investigados o anular registros. Por el momento, y a pesar del ruido político y mediático, en las varias ramificaciones abiertas no constan evidencias de los cinco delitos que persigue el magistrado mientras se agolpan los testimonios que descartan sus sospechas.

El magistrado también encajó el pasado julio otro sonoro revés cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la ramificación del caso relativa a la asesora de Begoña Gómez. Los jueces del Alto Tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial.

Los jueces del Supremo dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. En su auto insistieron, además, en que la malversación es un delito “doloso”. Esto es, que requiere que el autor actúe con intención o voluntad consciente de cometer un delito. Y que trabajar en el mismo sitio que la asesora con puesto de mando no implica una “atribución automática y objetiva” del delito, como pretendió hacer Peinado.

Una querella de Manos Limpias

La causa ha ido expandiéndose después de que la querella de Manos Limpias acusara a Begoña Gómez de favorecer a Air Europa en su rescate millonario durante la pandemia por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la aerolínea; y de beneficiar al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet adjudicatario de contratos públicos.

Las sospechas sobre Air Europa fueron rápidamente refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios pese a la insistencia del juez en seguir investigando un asunto que el PP ha convertido en una de sus principales armas políticas. El juez siguió alimentando titulares de prensa durante meses hasta que la instancia superior le prohibió expresamente continuar con esa línea de investigación.

Tras el revés con Air Europa, Peinado también perdió el control sobre la segunda pata de la querella inicial, la relativa a la supuesta influencia en los contratos de Barrabés, porque la Fiscalía Europea asumió esa parte de las pesquisas. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones públicas por las “cartas de recomendación” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Begoña Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Cuando la Fiscalía Europea le arrebató esa parte de la investigación, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. Por el momento, no ha aflorado ningún indicio del delito de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial avaló esa parte de la investigación, aunque también reprendió a Peinado por registrar la casa y la oficina del empresario mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces le advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y anularon ese registro. En su momento, el juez también intentó interrogarlo durante ese ingreso.

Reveses de la Audiencia Provincial

De ahí, el magistrado pasó a buscar irregularidades en la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Y lo hizo apoyado en querellas y escritos de las acusaciones populares ligadas a la extrema derecha. Investigó primero si su contratación en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias. Llegó a mantener imputado durante meses al rector, Joaquín Goyache, que siempre negó haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra. La Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa.

Esa línea ha derivado en una macroinvestigación en la que se indaga, por un lado, si incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la universidad; y, por otro, si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en la Complutense y por los que cobraba 15.000 euros anuales. Por el juzgado han pasado distintos responsables de la universidad y directivos de tecnológicas y del Ibex que patrocinaron esos estudios.