La última medida del juez Peinado contra Begoña Gómez provoca otro estado de excitación en Feijóo, que por el contrario no cree que el juicio del novio de Ayuso tenga que acarrear responsabilidades políticas. A fin de cuentas, sólo le acusan de fraude fiscal y pertenencia a grupo criminal

El juez Peinado comunica a Begoña Gómez que será juzgada por malversación ante un jurado popular

Llámalo extraña coincidencia o envidia de toga. La política española se maneja con un ojo puesto en los juzgados, que no dejan de ofrecer sorpresas. Aun así, es difícil superar lo ocurrido en los tres primeros días de esta semana. Lunes: auto de apertura de juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. Martes: la Audiencia de Badajoz confirma el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez. Miércoles: fin de fiesta con el juez más imaginativo. Juan Carlos Peinado comunica a la mujer de Sánchez que pretende enviarla a un juicio que será con jurado. Todo en un margen de 48 horas. Habrá sido cosa del azar que gobierna nuestras vidas.

Hay una imagen de tres segundos que supuestamente muestra el momento en que Alberto Núñez Feijóo ve en su móvil la última noticia del caso de Begoña Gómez mientras sigue la sesión de control en la que no participó. Asiente varias veces y levanta las cejas. Cada uno puede ponerle el bocadillo que quiera con sus pensamientos. Genuina sorpresa o activación inmediata de las glándulas salivales. Menos de dos horas después, convocó a los periodistas para una rueda de prensa. La ocasión lo merecía.

Esta vez, no le bastó con pedir la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones. Eso habría sido dejarse llevar por la rutina. Había que subir el termostato. “Yo digo que no merece tener un acta de diputado en el Congreso”, dijo sobre el presidente. Cada partido presenta a sus candidatos a las elecciones y luego son los ciudadanos los que votan. Feijóo ha decidido que algunos políticos no merecen sentarse en el Congreso, aunque no estén siendo investigados por ningún juzgado.

Es el caso de Sánchez. Feijóo tenía preparada una frase para cimentar su acusación: “La propia influencia del presidente en casos de corrupción está bajo sospecha judicial”. Es lo bueno de la palabra 'sospecha'. Sale gratis utilizarla. De ahí que los políticos la empleen con tanta frecuencia. Son gente que sospecha por definición.

El PP se ve obligado a ejecutar un complejo ejercicio de equilibrio. Exige la dimisión de Sánchez porque un juez quiere llevar a juicio a su pareja. Feijóo ha establecido un criterio novedoso: “Si un diputado tiene a su mujer en un juzgado, hay que pedirle el acta, sea del partido que sea”. Ni se le ocurrió plantear algo parecido cuando la justicia estaba investigando a dos familiares muy cercanos de la alcaldesa de Marbella. Y eso que los delitos del caso eran muy graves. Pero con la pareja de Díaz Ayuso, no es tan exigente.

Feijóo presentó la excusa en la rueda de prensa: “No es lo mismo actividades privadas a que la familia esté siendo investigada por decisiones que afectan directamente con fondos públicos y la Administración”. No será lo mismo para él, pero un delito de fraude fiscal no es un detalle menor sin importancia y afecta a los fondos públicos, en concreto a su recaudación. Y a ese delito le acompaña otro, más impactante, que es el de pertenencia a grupo criminal.

El Gobierno madrileño valoró el esfuerzo de Feijóo: “No nos damos por aludidos”, dijo su portavoz, porque Alberto González Amador sólo es –esta parte ya nos la sabemos– “un particular”. Uno que pasaba por ahí y que acabó comprando un ático estupendo en el que vivir con su novia, que resulta ser la presidenta de Madrid. En el juicio, se verá si lo hizo ocultando sus ingresos a Hacienda con facturas falsas, como afirma la Agencia Tributaria.

A primera hora, se informó por error de que Peinado enviaba a Begoña Gómez al banquillo. No era cierto. Todavía. La defensa podría pedir nuevas diligencias de investigación. Cualquier decisión del juez puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid. Lo malo para el PSOE es que si la Audiencia da vía libre a Peinado, será más difícil que pueda limitar la culpa a un solo juez que ha protagonizado decisiones tan polémicas como difíciles de entender, además de un intento de imputar al ministro Bolaños con argumentos muy endebles que fue frenado en seco por el Tribunal Supremo.

Resulta una incógnita saber qué consecuencias tendrá que el caso se dilucide en un juicio por jurado. El delito de malversación está entre los que se pueden celebrar en esas condiciones. Lo que ocurre en casos complejos de corrupción económica es que lo más normal es que se acuse de varios delitos y que algunos no puedan enjuiciarse con jurado. Peinado cree que lo que tiene ya le vale para acusar a Gómez del delito de malversación a cuenta del papel que jugó la asesora que le puso Moncloa. Al mismo tiempo, deja abiertas otras vías de investigación relacionadas con otros posibles delitos.

Anteriores cónyuges de presidentes tuvieron sus asesores. Uno de ellos es hoy diputado del Partido Popular, Jaime de los Santos, que lo fue de la esposa de Rajoy. La foto en que sale llevándole las bolsas en una día de compras aparece casi todos los días en las redes sociales. Siguiendo los argumentos del PP contra Gómez, será que ir de compras formaba parte de la agenda oficial de la cónyuge del presidente.

Para Peinado, su trabajo está hecho porque cuenta con varios correos electrónicos que la asesora de Gómez envió en su nombre por su actividad relacionada con la Universidad Complutense. En respuesta a su abogado, Gómez declaró en el juzgado que sólo se ocupó de transmitir “algún mensaje” como favor personal. El juicio debería servir para saber si la asesora realizó un trabajo habitual y sistemático en favor de las actividades particulares de Gómez o si se trataba de colaboraciones esporádicas y poco relevantes que no le ocupaban una parte importante de su jornada laboral en Moncloa. Dos o tres emails no son por sí solos una prueba abrumadora.

Siempre hay margen para el asombro con Peinado. A principios de mes, reclamó a Moncloa todos los emails que Gómez envió y recibió desde su cuenta oficial de La Moncloa desde julio de 2018, una iniciativa que había sido pedida por Vox. Se suponía que la UCO debería investigar esa ingente cantidad de información. De repente, el juez ha decidido que no necesita conocerla para el paso que ha dado este miércoles.

¿Serán capaces los jurados de abstraerse de sus ideas o prejuicios y de toda la información que hayan podido leer el último año a la hora de dictar su veredicto? Teniendo en cuenta la instrucción que ha perpetrado Peinado, seguro que es algo en lo que el juez ha pensado.