El 29 de diciembre de 2022, un joven venezolano de 19 años, Herbert Sánchez Cuba, fue asesinado en Ñuñoa mientras entregaba un pedido de comida. El presunto agresor, Tomás Aguirre, de 29 años en ese momento, fue detenido y se encuentra en prisión preventiva. La madre de la víctima presentó una querella por homicidio calificado ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. En junio de 2023, Aguirre fue formalizado, y su defensa presentó informes psiquiátricos que indicaban que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales.

Sin embargo, un informe del Hospital Público Psiquiátrico Horvitz, emitido en julio de 2024, contradijo esta afirmación. El documento, de 19 páginas, detalla el historial psiquiátrico de Aguirre, incluyendo un trastorno de personalidad y un alto consumo de sustancias psicoactivas. A pesar de esto, concluye que Aguirre es capaz de diferenciar entre lo lícito y lo ilícito, lo que implica que su responsabilidad en el crimen no está comprometida.

El abogado querellante, Víctor Mallea Sepúlveda, explicó que la causa penal había estado suspendida debido a un informe pericial presentado por la defensa. Este informe sugería que Aguirre padecía enfermedades mentales que podrían haber influido en su comportamiento. Mallea solicitó un nuevo informe a una institución pública, que resultó en la evaluación del Hospital Horwitz, el cual determinó que no había elementos que afectaran al imputado en el momento del crimen.

Por su parte, el abogado defensor, Lino Disi, argumentó que el interés mediático en el caso se debía a la naturaleza irracional del acto cometido por Aguirre. Disi rechazó cualquier vinculación del crimen con motivaciones xenofóbicas, afirmando que esta hipótesis fue desestimada por la investigación. En su declaración, subrayó que el caso debe ser analizado en el contexto del consumo de drogas, que, según él, llevó a Aguirre a actuar de manera brutalmente irracional.

El juicio oral está programado para comenzar el 3 de octubre de 2024. Disi también destacó que Aguirre ha estado en prisión durante casi tres años y ha intentado reparar el daño causado, ofreciendo prácticamente todo su patrimonio a la familia de la víctima. Aguirre, según su defensa, es consciente del dolor que ha causado y vive con el peso de sus acciones.