El proceso judicial se inició el 6 de marzo de 2025, aunque la causa se remonta a 2019, cuando la artista fue procesada por presunta defraudación al Estado. Según la acusación, en 2015 la productora A+A Group recibió los fondos a través de una contratación directa gestionada por el entonces Ministerio de Planificación Federal y triangulada con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El pasado 21 de agosto, la fiscalía solicitó una pena de tres años y medio de prisión para la actriz. Desde entonces, las audiencias se sucedieron semana a semana, en un debate que también involucró a 11 imputados, entre ellos el exministro Julio De Vido y el exrector de la UNSAM, Carlos Rafael Ruta.

Al ser consultado sobre la inminente resolución, el abogado defensor Juan Pablo Fioribello, quien lleva

See Full Page