La Ley de Educación Nacional ( 26.206 ) dedica un capítulo a garantizar la educación en contextos de privación de la libertad, y en su artículo 56 establece que " todas las personas privadas de su libertad deben cumplir la escolaridad obligatoria ". Aún así, esta norma no se cumple en la práctica, lo que genera un problema grave, ya que limita las oportunidades de reinserción y aumenta el riesgo de reincidencia entre los internos.

A partir de la educación en las cárceles se logra reducir significativamente la reincidencia delictiva ; un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Procuración Penitenciaria de la Nación indica que el 85% de quienes estudian en prisión no vuelve a delinquir y la tasa de reincidencia es tres veces menor que

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