Un recurso contencioso-administrativo presentado por la Unión Sindical de Policía y Bomberos (USPB) exige al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la aplicación del acuerdo adoptado en septiembre de 2021 por el que se reguló el complemento de productividad de todos los empleados públicos municipales. Según el secretario general de USPB, Víctor García, la deuda del Consistorio capitalino con sus trabajadores alcanza los 11,5 millones de euros en los últimos cuatro años.

El sindicato demandó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la desestimación de su reclamación, pero no pudo dirigirse al juzgado hasta conocer el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el procedimiento iniciado por el grupo de gobierno para declarar la nulidad del acuerdo de septiembre de 202

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