CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Verdad y justicia. Ese es el reclamo de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en el sur de México en 2014 que volvió a resonar el viernes por las principales avenidas de Ciudad de México como cada 26 de septiembre, al cumplirse 11 años de un caso que causó un profundo impacto dentro y fuera del país.

Y cada vez más, este reclamo retumba con más dolor por la falta de respuestas pero con la misma fuerza.

“A once años la exigencia sigue siguiendo la misma: el paradero; la verdad, por muy dolorosa que sea, y la justicia", afirmó Hilda Hernández, madre de César Manuel González, en un video donde varios familiares invitan a los mexicanos a marchar con ellos. Miles acudieron a su llamado y caminaron a su lado bajo la lluvia.

En un país con más de 133.000 desaparecidos, el caso de los 43 alumnos de magisterio desaparecidos en la ciudad de Iguala la noche del del 26 de septiembre permanece como uno de los crímenes de mayor impacto de la historia reciente de México, porque en él confluyeron la acción del crimen organizado, la corrupción de las autoridades y la obstrucción a la justicia por quienes empezaron a investigar el caso, que crearon una realidad paralela de los hechos.

De ahí la indignación que se desata en algunas protestas, como la del jueves frente a una base militar de la capital que acabó con un camión encajado en una de sus puertas y luego incendiado. Los familiares llevan desde 2022 exigiendo a las Fuerzas Armadas que entreguen cientos de documentos que podrían ser claves en el esclarecimiento del caso, algo que los militares no han hecho.

El viernes, el centro de la ciudad estuvo blindado y la marcha transcurrió sin incidentes destacados.

El caso Ayotzinapa es considerado desde 2022 un “crimen de Estado” porque, según la fiscalía, los jóvenes fueron atacados por policías coludidos con un cártel local que traficaba heroína y que actuó en complicidad con funcionarios locales, estatales y federales, incluidos militares.

Todavía no está claro ni el móvil ni el paradero de los estudiantes, aunque se han encontrado restos calcinados de tres de ellos y las autoridades creen que fueron asesinados.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, reiteró el viernes que su compromiso es “llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, pero aunque cambió el fiscal del caso y aseguró que hay nuevas líneas de investigación, las familias siguen sin ver avances.

“Gobiernos vienen y gobiernos se van” pero el caso sigue sin esclarecerse, lamentó Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez, en el video de los familiares.

Más de un centenar de personas fueron arrestadas por el caso. Algunos quedaron en libertad por irregularidades en el proceso, pero decenas están procesados, entre ellos el ex procurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

Por el momento no hay condenados por las desapariciones y hay importantes capturas y extradiciones pendientes, como la del primer investigador jefe del caso, Tomás Zerón, que está en Israel. Además, varios de los implicados están en Estados Unidos, y Sheinbaum dijo que estaba insistiendo con el gobierno de su homólogo Donald Trump para su devolución al país.