El Gobierno de Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise la constitucionalidad de su decreto que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. Este movimiento se presenta como un nuevo intento de llevar el tema ante los jueces, siendo la segunda vez en este año que se aborda esta cuestión. A pesar de que durante más de un siglo ha existido un consenso sobre que la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a quienes nacen en el país, el Gobierno argumenta que esta interpretación es "errónea" y ha generado "consecuencias destructivas".

D. John Sauer, procurador general y principal abogado de apelaciones del Gobierno, afirmó en el recurso presentado que "las decisiones de los tribunales inferiores invalidaron una política de máxima importancia para el presidente y su Gobierno, de una manera que socava nuestra seguridad fronteriza". Además, Sauer sostiene que estas decisiones otorgan "sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas no calificadas".

El recurso, que aún no ha sido registrado oficialmente, se produce tras una decisión de la Corte Suprema en junio, que abordó una cuestión más procesal relacionada con la autoridad de los tribunales inferiores para frenar políticas presidenciales. En esa ocasión, la Corte, con una mayoría de 6-3, limitó el poder de los tribunales para bloquear tales políticas, aunque no lo descartó por completo.

Como resultado, estados e individuos que impugnaban el decreto de Trump han presentado nuevos casos, buscando frenar la política a través de demandas colectivas. La Corte Suprema ha permitido que estos bloqueos a nivel nacional continúen, lo que ha llevado a una serie de nuevos fallos que mantienen la política de Trump en suspenso. Ahora, el Gobierno solicita a los jueces que tomen estos casos para resolver el asunto de manera definitiva. Esta situación sigue en desarrollo y se espera que se actualice con nuevos detalles.