La agencia internacional de calificación de riesgo Moody's eleva la calificación de España a A3 y cambia a perspectiva a estable por un modelo de económico más equilibrado, “que hace la economía más resistente frente a shocks externos”.. Continúa así la estela de Standard & Poor's, que hace unas semanas destacó el fuerte crecimiento económico del país.

La calificación de emisor a largo plazo y de deuda sénior no garantizada del Gobierno pasa de Baa1 a A3, el séptimo escalón de su ranking. “La decisión de mejorar la calificación de España a A3 refleja la opinión de Moody’s de que la fortaleza económica del país está aumentando gracias a un modelo de crecimiento más equilibrado, mejoras en el mercado laboral y un fortalecimiento del sector bancario, que incrementan la resiliencia de la economía”, destaca la agencia.

Moody's destaca un alivio en las limitaciones de la oferta laboral por los flujos migratorios netos positivos de España y por los incentivos para prolongar la vida laboral. Además, sobresale la producción de energías renovables y la estabilidad macroeconómica. La agencia identifica una mejora gradual de la carga de deuda pública, “que espera que continúe”.

El crecimiento potencial que la agencia cifra para España se sitúa en torno al 1,5%-1,6%, limitado, dice, por el envejecimiento demográfico. Este descenso natural de la población lo ve compensado por los flujos migratorios positivos.

Este buen desempeño económico permite una mejora gradual de los indicadores fiscales y de deuda. “Mientras el crecimiento se mantenga robusto, la deuda seguirá una tendencia de moderado descenso, hasta situarse en torno o por debajo del 100% del PIB en 2027, desde el 101,7% en 2024. No obstante, a medio plazo, el aumento del gasto en pensiones y defensa añadirá presión al gasto público, limitando la flexibilidad fiscal”, asegura.

La perpectiva estable la sustenta dentro del plano institucional por una “gobernanza fuerte en comparación con sus pares globales”, aunque la fragmentación política ha debilitado la capacidad de las instituciones legislativas y ejecutivas en la última década, “aumentando el uso de decretos desde el Ejecutivo y generando incertidumbre política que podría estar frenando la inversión”.