El caso del triple femicidio de Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi ha conmocionado a Argentina. Las tres mujeres fueron encontradas descuartizadas en una vivienda de Florencio Varela, tras haber estado desaparecidas durante cinco días. Este crimen ha sido calificado como femicidio por el fiscal Adrian Arribas, quien investiga el caso con la agravante de premeditación y alevosía.

La abogada y candidata a diputada nacional, Myriam Bregman, ha señalado que "ningún caso arranca siendo reconocido como femicidio: siempre empieza con la sospecha de que a la víctima 'algo habrá hecho'". Este comentario resalta la tendencia a culpar a las mujeres, incluso en situaciones de violencia extrema. En el caso de las víctimas, se han escuchado comentarios que sugieren que su comportamiento, como asistir a fiestas o su supuesta relación con el narcotráfico, podría haber contribuido a su trágico destino.

El debate sobre si calificar el crimen como femicidio o crimen relacionado con el narcotráfico ha generado controversia entre funcionarios de diferentes niveles de gobierno. Algunos creen que la terminología utilizada puede influir en la percepción pública y en las elecciones. Sin embargo, el movimiento feminista sostiene que la responsabilidad recae en el Estado, que debe garantizar la seguridad de todas las mujeres.

El término "femicidio" ha sido utilizado desde los años 70, cuando el feminismo comenzó a abordar la violencia de género de manera más sistemática. La antropóloga mexicana Marcela Lagarde ha argumentado que es imposible analizar los asesinatos de mujeres sin considerar el contexto de violencia estructural, como el narcotráfico. Por su parte, Rita Segato ha discutido cómo la violencia patriarcal se entrelaza con la dominación social, enfatizando que el femicidio no es solo un problema de mujeres, sino un reflejo de desigualdades más amplias.

Las cifras son alarmantes: en Argentina, se registra un femicidio cada 36 horas, y muchos de estos casos están relacionados con el narcotráfico. La violencia de género se ve exacerbada por la crisis social y económica, así como por la falta de políticas públicas efectivas para abordar esta problemática.

Las familias de las víctimas han exigido justicia, y en respuesta, se han llevado a cabo marchas en varias ciudades del país. La lucha por visibilizar estos crímenes y exigir un cambio en la respuesta estatal continúa, con el objetivo de que los nombres de las mujeres asesinadas no sean olvidados.