Una de las inexcusables leyes no escritas de las democracias contemporáneas consistía en que si te pillaban con las manos en la masa, te imputaban o metías descomunalmente la pata, cogías el petate y te ibas a tu casa. Por vergüenza torera, para no perjudicar a tu partido y, sobre todo y por encima de todo, por respeto a tus conciudadanos. Es lo que politólogos como Bobbio o Radbruch denominaron la doctrina de las responsabilidades políticas. Opera al margen de la responsabilidad jurídica, la que dictaminan los tribunales, es decir, se toma muchísimo antes de que llegue una hipotética sentencia, que suele demorarse años, cuando no décadas. Y se aplica cuando el caso es tan cantoso que no queda otra que invitar al protagonista a que tome las de Villadiego, si es que se niega a dar su brazo a torcer.

Felipe González es un buen ejemplo de practicante de esa doctrina de las responsabilidades políticas. Menos a los responsables de los GAL, seguramente porque él era el señor X de la ecuación, se cargó sin contemplaciones a todos los que durante su mandato se corrompieron o abusaron de su poder como aconteció con las estratosféricamente escandalosas escuchas del Cesid. Y algo parecido hizo Mariano Rajoy con Cristina Cifuentes por el vídeo del hurto en Eroski, no por la cuantía de lo sustraído, 44 euros, sino por la lamentable imagen que daba tener a una descuidera de hipermercado al frente de una institución tan importante como la Comunidad de Madrid.

Los episodios anteriores representan ejemplos de responsabilidades políticas forzadas desde fuera, desde arriba para ser exactos. Pero también los hay a patadas de asunción voluntaria. Tal vez el lance más paradigmático es el de ese gran político y mejor editor aún que es Manuel Pimentel, que renunció al cargo de ministro por la golfería de un colaborador suyo en la que él ni estaba ni se le esperaba. Consideraba que había contraído una responsabilidad in eligendo e in vigilando al no detectar las corruptelas, cogió los bártulos y volvió a empezar de cero, renunciando con 38 años a un esplendoroso futuro político.

Los anglosajones, que por algo tienen las más sólidas democracias del mundo, distinguen entre accountability y responsability . El primer concepto es lo que en España conocemos como dación de cuentas, el segundo lo que venimos hablando desde el primer párrafo, la responsabilidad política. O, lo que es lo mismo, transparencia por una parte y dimisiones o relevos por otra cuando se incurre en latrocinio, se incumplen los más elementales principios éticos e incluso por mentir flagrantemente —igualitos que Sánchez—.

Pedro Sánchez es el más tóxico arquetipo de esa forma de entender la cosa pública. El verbo «dimitir» no figura en su diccionario

El imparable avance de las autocracias y la disminución del número de democracias —lo que hoy día se llama maquiavélicamente «democracias liberales» como si la democracia fuera una cosa que maneja la derecha— ha ido minando esa teoría de la responsabilidad política. Pedro Sánchez es el más tóxico arquetipo de esa forma de entender la cosa pública. El verbo «dimitir» no figura en su diccionario pese a tener a su mujer pentaimputada, a su hermano biprocesado , al fiscal general en el banquillo, entre rejas al hasta junio número 2 de facto del PSOE e imputado al anterior. El ejemplo ha cundido hasta tal punto que Álvaro García Ortiz, el encargado de defender y aplicar la legalidad en nombre del pueblo, continúa en su puesto más chulo que un ocho mientras todo el Gobierno le saca la cara en un espectáculo más propio de una narcodictadura bananera que de una democracia de calidad.

Ana Redondo es una persona con rictus avinagrado que ha demostrado tener infinitamente más maldad que su paisano Óscar Puente que, dicho sea de paso, es entre 1.000 y 2.000 veces más listo que ella. El pedazo de scoop de Fernán González y el equipo de investigación de OKDIARIO sobre las pulseras antimaltrato sería sinónimo de cese voluntario en Países Bajos, en Alemania, en Noruega, en Finlandia, en Suecia, en Japón y, por supuesto, en Reino Unido. A una Redondo de la vida no la libraría del ostracismo ni un milagro de Jesucristo redivivo en cualquiera de estas naciones.

El escándalo es nivel dios. Bueno, los dos escándalos, para ser precisos. Por un lado está la pérdida del historial de las órdenes de alejamiento que se ha esfumado por obra y gracia de la delincuente de Irene Montero y su segunda, esa Pam Rodríguez que hace una semana celebró su boda soplando una «tarta de tortillas». La empresa que controlaba el software de las pulseras, y consiguientemente todos los datos que iban reflejando sobre los movimientos de los maltratadores, se niega a facilitar el historial previo a marzo de 2024 tras no habérsele renovado el contrato. Quizá en ello tenga algo que ver la nacionalidad de la compañía: es israelí. Y ya se sabe que los judíos perdonan pero no olvidan.

El hecho de minimizar el daño causado es, en sí mismo, motivo más que suficiente para defenestrar a la ministra

Por otro se encuentran las decenas de fallos que están registrando los nuevos brazaletes, que se desconectan sin ton ni son, fallan más que una escopeta de feria y en los que la pérdida de cobertura constituye más la regla que la excepción. Consecuencia: las maltratadas han sido revictimizadas. Al terror que les provocaron las agresiones en sí se une el que provoca vivir sin saber si el aparato estará operativo cuando el hijo de perra vuelva a las andadas. Tanto la Fiscalía General del Estado, que en la era García Ortiz no es sospechosa de enemistad con Moncloa, como el Consejo General del Poder Judicial e infinidad de magistrados y representantes del ministerio público han manifestado textualmente que tanto el borrado de datos como los constantes fallos de las pulseras han degenerado en decenas y decenas de «fallos absolutorios y sobreseimientos provisionales». Los autócratas que nos gobiernan se niegan a facilitar las cifras pero probablemente estemos más en un centenar o centenares que en decenas.

En lugar de efectuar un acto de contrición dirigido a las víctimas y/o de endilgar el marrón a sus antecesoras, la tal Redondo optó por matar al mensajero. Primero subrayó que «sólo» el 1% de las maltratadas había experimentado problemas con el sistema de televigilancia, lo cual no deja de ser una provocación en forma de boutade teniendo en cuenta que hay casi 5.000 víctimas vigiladas a distancia, es decir, que las pulseras de 50 mujeres habrían gripado. Son muchas más, cientos más, pero el hecho de minimizar el daño causado es, en sí mismo, motivo más que suficiente para defenestrar a la ministra. Aunque sólo hubiera un fallo sería motivo más que suficiente para tomar medidas ipso facto pero si encima son, como mínimo, medio centenar está claro que la responsable del desaguisado no puede durar en el puesto un minuto más.

La polémica pasará, y seguramente sin ver caer la testa de Ana Redondo, pero el daño a la lucha por los derechos de la mujer quedará

La chula Redondo no se conformó con despreciar a las mujeres agredidas, apenas 48 horas después de saltar a la luz el escandalazo optó por matar al mensajero. «Son bulos», apuntó, olvidando que hay seis fuentes de información: la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, la Policía, la Guardia Civil, los trabajadores de Cometa —el organismo encargado de supervisar las labores de vigilancia telemática— y, lo que es más importante, esas propias víctimas a las que ella insulta sistemáticamente con sus falacias, su mala fe y su repugnante prepotencia.

¿Se lo han inventado también las maltratadas, señora ministra?, pregunto yo. ¿Son las víctimas unas buleras y unas habitantes de la Fachosfera que lo único que buscan es cargarse a este Gobierno progresista , feminista y ecosostenible ?, añado. Como la chula barata que sustituyó a Irene Montero no se debió quedar contenta con sus patrañas, dio una vuelta de tuerca más al jactarse de «que ninguna mujer ha muerto» en todo este periodo de chapuzas a gogó. Vamos, que tenemos que darle las gracias porque no se haya producido ningún asesinato. Manda narices.

La polémica pasará, y seguramente sin ver caer la testa de Ana Redondo, pero el daño a la lucha por los derechos de la mujer quedará. Hay que recordar que este Ejecutivo «feminista» y «progresista» es el que regaló la puesta en libertad a miles de violadores, pederastas y abusadores gracias a la Ley del sólo sí es sí de Irene Montero, el que llevó en sus listas a más puteros por metro cuadrado que ninguna otra formación antes en democracia, el que tiene de presidente a un partícipe a título lucrativo del negocio del lenocinio y el que ahora facilita la absolución a cientos de matones machistas por mor de una incompetencia que se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas como ejemplo de lo que nunca hay que hacer. Moraleja: el feminismo era excarcelar a violadores y pederastas, reír las gracias a los clientes del oficio más viejo del mundo y aterrorizar a las víctimas de ese maltrato que no cesa.