Es muy probable que si le preguntan a cualquiera de los ya casi cien “candidatos” a la presidencia o de los más de mil aspirantes al Congreso sobre su “programa” de gobierno respondan: en primer lugar, la lucha contra la corrupción. En general, no pasa de ser una frase para descrestar. No ha existido, hasta ahora, ningún aspirante en la historia de Colombia que se lance diciendo que va a defender y a promover la corrupción.

Si en verdad alguien -sobre todo desde el gobierno- quisiera hacer la tarea en serio, bastaría con aplicar la legislación vigente. Tenemos tal vez las penas más altas en América Latina para sancionar los delitos de peculado, concusión, cohecho -incluido el político- y todas las modalidades delincuenciales asociadas a la contratación pública. Bastaría con hacer cumplir

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