La reciente libertad condicional de Emilio Tapia Aldana, figura central en algunos de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, ha reavivado el debate sobre la protección estatal a testigos y la reparación a las víctimas.

Tras salir de prisión el 14 de abril por orden de la jueza Claribel Fernández Castellón, Tapia solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad para él y su familia, rechazando la protección ofrecida por la Fiscalía General de la Nación . Mientras tanto, persisten cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones judiciales y la falta de reparación a las entidades afectadas por sus delitos, según un reciente informe de la revista Cambio .

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