A pesar de los avances jurídicos en el país, que han reconocido el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, la criminalización del aborto en México no ha cesado. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero de 2015 y agosto de 2025 se abrieron 7 mil 511 carpetas de investigación por el delito de aborto.

Este panorama evidencia una fractura entre la legislación y su implementación real: mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional penalizar el aborto en 2021, las fiscalías continúan procesando casos, incluso en estados donde esta práctica ya es legal.

UNA REFORMA LEGAL QUE NO LLEGA A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS

Desde la resolución de la SCJN en septiembre de 2021

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