Treinta y cinco colectivas y organizaciones de veinte estados del país se pronunciaron para denunciar las limitaciones en el acceso al aborto en México , a pesar de su despenalización en diversas entidades.

Las agrupaciones señalaron que en Chihuahua, pese a la resolución de la Corte, el gobierno estatal no garantizó el acceso a este servicio, lo que consideraron una forma de violencia institucional que revictimizó a las personas más vulnerables.

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En su posicionamiento, recordaron que el Estado mexicano tenía la obligación de ofrecer servicios de salud accesibles, gratuitos, confidenciales, seguros, expeditos y no discriminatorios para la

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