Once años han pasado desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero; poco más de una década de investigaciones infructuosas reveló, primero, una versión oficial espuria en la cual sus artífices, el entonces fiscal Jesús Murillo Karam y el ex-titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, convenientemente afirmaron que todos los estudiantes habrían sido ultimados y posteriormente incinerados en un basurero de Cocula, municipio ubicado a 20 kilómetros de Iguala, tras lo cual el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos, autor del crimen, arrojó los restos en el río San Juan. Sobra decir que esta versión circuló con holgura y hasta encontró “pruebas” que le sostuvieron, indicios proporcionados por peritajes oficiale

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