El Ministerio de la Presidencia le retira su condición de empleado público tras ser condenado por manipular el sistema de asignación de denuncias para beneficiar a un abogado y lucrarse por ello

Antón y Joaquín (nombres ficticios elegidos al tuntún por la Justicia) estaban compinchados para burlar durante cuatro años la actividad de los juzgados de San Sebastián. El primero, funcionario de carrera, trabajaba en el Servicio de Decanato de Donostia; el otro ejercía como abogado laboralista. Entre 2014 y 2018 ejecutaron un plan “fraudulento” para adulterar el sistema de reparto de demandas judiciales. Se reunían a hurtadillas fuera del Palacio de Justicia para menudear sus componendas ilegales. Lo tenían todo planificado para provocar “una alteración grave y permanente” en el normal funcio

See Full Page