La jueza de la dana descarta de nuevo imputar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. La magistrada, en un auto dictado este martes, vuelve a cuestionar la tesis del supuesto “apagón informativo” que defiende el president Carlos Mazón y el PP. “No se puede argumentar, con el volumen de información de que se disponía cuanto menos desde la mañana, un desconocimiento de la situación”, afirma la resolución, que descarta citar a Polo en condición de investigado tras la testifical del presidente de la CHJ del pasado 19 de septiembre , tal como pedía la acusación popular que ejerce el partido Valores.

La instructora considera que “no se puede culpar” a Miguel Polo de que “los responsables de la emergencia, directores del plan especial de inundaciones, no hicieran uso del SAIH [Sistema Automático de Información Hidrológica], no analizaran los datos pluviométricos, las previsiones meteorológicas ni las informaciones de los medios de comunicación, ni las llamadas al 112, o que, pese a que sabían que los barrancos estaban al borde del colapso, no los controlaran”. 

El auto también alude a las imágenes de recurso que grabó (y nunca emitió) À Punt, en las que “se aprecia, cómo a las 18.59, la consellera daba instrucciones de extremos que también había que incluir en el texto del mensaje” del Es-Alert. 

“En realidad, si en ese momento ya se estaba discutiendo el envío de dicho mensaje y se envió finalmente a las 20.11 horas, resulta completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad a la CHJ, a la Aemet e incluso a la Delegada del Gobierno”, agrega.

Por otro lado, el auto destaca que los bomberos forestales “fueron desplegados y se retiraron”. “Difícilmente se puede achacar a la Confederación Hidrográfica del Júcar ni a su presidente que se retiraran los bomberos, que no se controlara el desbordamiento, y que se ocasionara el abrumador número de fallecimientos”, apostilla.  

También recuerda que en la preemergencia, así como en las situaciones 0 y 1 de emergencia, la dirección del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones “correspondía al secretario autonómico”, entonces Emilio Argüeso, actualmente investigado. “La situación 2 comenzó a las 15.00 para la comarca Utiel-Requena” y la dirección del plan correspondía, a partir de ese momento, a la entonces consellera Salomé Pradas, también imputada. 

Además, la jueza instructora considera que las llamadas al 112 “de forma constante iniciadas desde primeras horas de la mañana” del pasado 29 de octubre “en las distintas localidades, convertían el riesgo de los barrancos en algo manifiesto”. 

El auto concluye que el control de que “efectivamente no se produzca un desbordamiento” en los barrancos corresponde a la Generalitat: “la existencia de un gran número de barrancos exige un control por parte del Centro de Coordinación de Emergencias”.

“No hace falta recordar”, agrega, “lo que siempre han supuesto históricamente las avenidas en nuestra Comunidad Autónoma, crecidas repentinas con efectos devastadores, en ramblas y barrancos de acusada pendiente y de corto recorrido, y solo a través de la previsión meteorológica y de la actuación y vigilancia se puede garantizar que efectivamente se conocerá cuándo se produzcan desbordamientos”.

Pide un informe de la vicepresidenta de la teleasistencia

Por otro lado, la jueza también pide a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, un informe con el listado de las 37 personas fallecidas en la dana que eran usuarias del servicio de teleasistencia , así como la localidad en la que fallecieron y los datos personales necesarios para su “plena identificación”. La magistrada acepta así las diligencias que pedía la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià.

Además, un segundo auto dictado este martes solicita el expediente administrativo de la licitación del servicio de teleasistencia, incluyendo los pliegos y el contrato, y los protocolos de actuación del departamento de Camarero y de las empresa adjudicataria para la adopción de medidas preventivas “para salvaguardar la integridad física” de las personas usuarias “en casos de catástrofe natural”.

La resolución también acuerda que se pida una copia de las órdenes escritas remitidas a la empresa entre el 28 y el 29 de octubre para la adopción de medidas preventivas. Una solicitud idéntica acuerda la jueza para el servicio de teleasistencia adjudicado por la el Ayuntamiento de València y por la Diputación de Valencia.

También pide que se requiera a la Aemet un informe con las consultas del 28 y 29 de octubre por parte de la vicepresidencia primera que dirige Camarero “respecto a las previsiones meteorológicas”, especificando quién las pidió y quien respondió.