Un tercio de los receptores de ayudas de Barcelona es migrante, aunque representan el 77% de la población pobre

Una de cada tres personas que vive en Barcelona ha nacido en el extranjero, una cifra que ha crecido exponencialmente en los últimos años (hace 20 años, sólo suponían el 5%). Si se toma sólo el peso demográfico, no es de extrañar que los migrantes sean el 29% de los beneficiarios de ayudas de urgencia sociales que otorga el Ayuntamiento de la ciudad. Pero la perspectiva cambia al ver que el 77% de personas que están bajo el lindar de la pobreza ha nacido fuera de España, según datos del INE.

Las ayudas que puede otorgar un consistorio como el de la capital catalana se basan en prestaciones económicas puntuales para afrontar situaciones de emergencia, pagar gastos sanitarios, habitacionales, alimentarios, educativos, de vestimenta o transporte, así como para la inserción laboral. Y sus beneficios son “mucho menores” en el caso de la población extranjera.

Así se destila de un informe elaborado por el Institut Metrópoli que ha analizado en profundidad la situación de la migración en Barcelona. El objetivo de este estudio, el primero elaborado por el Observatorio de la Inmigración y el Refugio, es “combatir los discursos de odio” como el que acusa a la población extranjera de llevarse todas las ayudas públicas para vivir sin necesidad de trabajar.

Los datos recogidos por el informe demuestran que, después de recibir todas las pensiones, ayudas y transferencias sociales asignadas, la tasa de pobreza se rebaja en un 71% en el caso de las personas nacidas en España. Pero las mismas ayudas sólo consiguen rebajarla un 11% en el caso de las personas extranjeras.

Esto se debe a diversos factores. Por un lado, vale la pena destacar que los españoles piden de media, 1,9 ayudas por beneficiario, mientras que los migrantes suben hasta 6,6. Esto denota que la situación de precariedad de la que parten es muy diferente. “Hay una gran parte de la población para la que las ayudas de emergencia no son suficientes”, según ha reconocido la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes.

De hecho, según los datos recogidos por el Institut, las ayudas que “realmente funcionan” son aquellas a las vinculadas a las rentas del trabajo. El paro y las pensiones de jubilación, viudedad o supervivencia son las que realmente marcan la diferencia a la hora de rebajar la tasa de pobreza relativa. Ahora bien, estas no llegan tanto a los colectivos migrantes.

Las ayudas diseñadas para atajar las situaciones de pobreza extrema son el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), pero por fallos en el sistema de prestaciones que han reconocido las administraciones que la gestionan, el 56% de las personas que tendrían derecho al IMV, y el 81% en el caso de la RGC, no las perciben.

Ya sea por desconocimiento de la existencia de la ayuda o por incompatibilidades con otras ayudas, muchas personas acaban recurriendo a las ayudas de emergencia de sus ayuntamientos, que no están diseñadas para estas casuísticas.

De hecho, si se analizan los datos, a pesar de que hay muchos más receptores nacidos en España que en el extranjero, el consistorio dedica prácticamente la misma cantidad del presupuesto de ayudas de emergencia a ambos colectivos. Eso es porque mientras los primeros piden, de media, 1,9 ayudas por beneficiario, los segundos solicitan 6,6.

Esta cifra demuestra que la mayoría de personas migradas que acuden a los Servicios Sociales no busca subsanar un problema concreto, sino una situación de precariedad estructural. Ello se nota también en el tipo de prestaciones que perciben. Los nacidos en España son los que más solicitan ayudas para acceder al ocio infantil y adulto, así como prestaciones dedicadas a la infancia y a la educación. En cambio, los migrantes son quienes más reclaman ayuda para sufragar la alimentación, la vestimenta, el transporte o el pago del alquiler.

De hecho, la vivienda es uno de los elementos diferenciales a la hora de entender la desigualdad entre colectivos. Según datos de este 2025, el 44% de los habitantes de la capital catalana viven de alquiler. Esta cifra llega al 70% si nos referimos sólo a personas nacidas en el extranjero. Además, este colectivo sufre mucho más los precios elevados. Casi la mitad de ellos dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. En el caso de los nacidos en España, esa situación sólo afecta a una de cada 10 personas.

Esto se debe, en parte, a la diferencia de las rentas percibidas según dónde se ha nacido. De media, una persona nacida en España cobra 2.303 euros mensuales. Y la cifra baja a los 1.501 para los asiáticos, a los 1.589 para los africanos, o a los 1.650 para los sudamericanos. En cambio, los europeos se sitúan casi a la par y los norteamericanos los superan por mucho con un sueldo medio de 3.329 euros al mes.

Todo eso, a pesar de que el 43% de la población extranjera en Barcelona tiene estudios superiores, ya sean en el ámbito universitario o de la formación profesional. “Esto demuestra que el efecto llamada de las prestaciones sociales no existe. Que quienes llegan a Barcelona lo hacen en busca de oportunidades laborales”, expone Albert Sala, investigador del Institut Metròpoli

“Todos estos datos nos ayudan, no sólo a diseñar mejores políticas públicas, sino también a construir relatos basados en el rigor, lejos de los de aquellas fuerzas políticas que intentan usar la cuestión migratoria como una arma”, tal como ha apuntado la teniente del área de Derechos Sociales, Raquel Gil.