Los líderes empresariales Luis Gerardo Ortuño, presidente de Coparmex y de la Alianza Empresarial; Imelda Elizalde, presidenta de Canacintra; Leopoldo Stevens Pérez, presidente de la CMIC; Olga Espitia Lanzúa, presidenta de AMPI, así como el diputado Emilio Rosas, coincidieron en
la urgencia de replantear el impuesto ambiental
en San Luis Potosí, ya que remarcaron que el gravamen requiere ajustes profundos para dejar de ser percibido como una medida recaudatoria y convertirse en un instrumento de impulso a la sustentabilidad.
De acuerdo con los planteamientos de la iniciativa privada, el diseño actual del gravamen ha generado incertidumbre entre las empresas, pues
no existen reglas claras que aseguren que los recursos recaudados se destinen
a proyectos ambientales específicos, por lo