DES MOINES, Iowa, EE.UU. (AP) — El distrito escolar más grande de Iowa presentó una demanda el viernes contra la empresa de consultoría que contrató para identificar candidatos a superintendente, alegando que no investigó adecuadamente a Ian Roberts, arrestado por las autoridades de inmigración la semana pasada.

Las Escuelas Públicas de Des Moines contrataron a JG Consulting en 2022 para facilitar la búsqueda de empleados de dirección, lo que llevó a contratar a Roberts el año siguiente.

Autoridades de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos han dicho que Roberts, nativo de Guyana, estaba en Estados Unidos ilegalmente y no tenía autorización de trabajo. Los fiscales federales lo acusaron el jueves de poseer cuatro armas de fuego mientras estaba en Estados Unidos ilegalmente, entre ellas, una que, según las autoridades, estaba envuelta en una toalla dentro del Jeep Cherokee que conducía cuando los agentes lo detuvieron, se indica en documentos judiciales.

En su denuncia, el distrito acusó a la firma de incumplimiento de contrato y negligencia, y la presidenta de la junta escolar, Jackie Norris, afirmó que lo más importante es recuperar el dinero de los contribuyentes y abordar el daño a la reputación.

“La empresa no cumplió su deber de investigar adecuadamente a los candidatos. Ian Roberts nunca debió haber sido presentado como finalista”, dijo Norris. “Si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, nunca habría sido contratado”.

Hasta el viernes, James Guerra, presidente y CEO de JG Consulting, con sede en Texas, no había respondido a llamadas telefónicas y mensajes donde se solicitan sus comentarios. Una llamada telefónica a la línea de servicio al cliente de JG Consulting no recibió respuesta.

El arresto de Roberts tras huir de una parada de tráfico ha conmocionado y confundido a la comunidad. Los estudiantes han salido de sus aulas en protesta. Los miembros de la comunidad se han reunido para plantear preguntas a los abogados del exsuperintendente, tratando de reconciliar la imagen del hombre vibrante que interactuaba con los estudiantes y el personal con la del hombre que está en el centro de un escándalo que ha captado la atención nacional. La junta escolar de Des Moines ha dicho que fue “víctima de un engaño” durante su mandato.

Roberts, quien está bajo custodia federal en Des Moines, renunció como superintendente esta semana después de que una junta de educación estatal revocara su licencia.

Las autoridades federales dijeron que Roberts tenía una orden final de deportación emitida el año pasado, y un juez de inmigración negó una moción para reabrir su caso de inmigración. Su abogado, Alfredo Parrish, señaló que el hombre tenía la impresión, alimentada por un abogado anterior, de que su caso de inmigración estaba “resuelto con éxito”.

El distrito señaló que, cuando fue contratado, Roberts firmó un formulario donde aseguraba que era ciudadano estadounidense, presentando una tarjeta de Seguro Social y una licencia de conducir como verificación. Las autoridades del distrito también declararon que no tenían conocimiento de una orden de deportación emitida en 2024.

Los funcionarios del ICE también dijeron que Roberts tenía un cargo de armas no especificado, el cual data de 2020. Los registros judiciales de Pensilvania muestran que el exfuncionario pagó una multa de 100 dólares tras declararse culpable en enero de 2022 de una infracción menor por transportar ilegalmente un arma de fuego cargada en un vehículo. Un oficial de la Comisión de Caza de Pensilvania lo detuvo después de cazar ciervos en el condado de Erie.

Roberts dijo en aquel momento que era un cazador con licencia y que poseía armas desde hace mucho tiempo, que dejó su rifle de caza a la vista para asegurar que el oficial no se sintiera amenazado durante su interacción y que se declaró culpable para evitar distracciones.

El distrito estaba al tanto de ese cargo y los funcionarios dijeron que se abordó desde el principio.

El contrato entre el distrito y JG Consulting, que ha estado disponible durante mucho tiempo en el sitio web del distrito, decía que la empresa era responsable de la publicidad, el reclutamiento, la revisión de solicitudes y currículums, la búsqueda en información del dominio público, la verificación completa de referencias y la presentación de candidatos calificados. El distrito atiende a unos 30.000 estudiantes y cuenta con casi 5.000 empleados.

Roberts, quien tiene dos décadas de experiencia en educación, usó el título de doctor mucho antes de obtener un título doctoral de la Universidad Internacional Trident en 2021.

También afirmó falsamente en un currículum que presentó con su solicitud que obtuvo un doctorado en liderazgo educativo urbano de la Universidad Estatal de Morgan en 2007, según documentos obtenidos por The Associated Press a través de una solicitud de registros públicos.

Aunque Roberts estuvo inscrito en ese programa de doctorado de 2002 a 2007, la oficina de relaciones públicas de la escuela confirmó en un correo electrónico que no recibió ese título. En una verificación de antecedentes efectuada durante el proceso de contratación se indició lo mismo, señalando la discrepancia con el currículum, según el distrito.

El distrito dijo que el pleno de la junta escolar solo vio un currículum que fue revisado para indicar que no había completado su disertación, que es necesaria para el título. Pero sí tuvo acceso a la verificación de antecedentes que alertaba a los miembros sobre la variación inicial.

La empresa de consultoría estaba obligada a presentar toda la información, positiva o negativa, ante la junta, pero no lo hizo, dijo Norris. “Es un asunto de rendición de cuentas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.