C ANCÚN, MX.– La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado de la República fue considerada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como un retroceso para la justicia constitucional y podría afectar directamente la inversión, la operación de negocios y la generación de empleos.

“En Coparmex hacemos un llamado respetuoso y firme a todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados para que corrijan el rumbo de esta reforma y escuchen a la sociedad civil, a la academia, a colegios de abogados y al sector productivo”, se lee en un pronunciamiento oficial.

La confederación patronal reconoció que el dictamen incorpora algunos elementos positivos, como sanciones a funcionarios que desacaten sentencias y el reconocimiento del interés legítimo colectivo. Sin embargo, señala que varias modificaciones restringen el acceso al amparo, particularmente para personas físicas, comunidades y pequeñas empresas que históricamente han utilizado este recurso para defenderse frente a decisiones de autoridad.

Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la nueva rigidez en la figura de la suspensión del acto reclamado. Empresarios advertían que, con los cambios aprobados, negocios que enfrenten bloqueos de cuentas bancarias o créditos fiscales deberán esperar la resolución final del juicio para revertirlos, lo que en la práctica podría llevarlos al cierre. Esto impactaría especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas, que dependen de su liquidez diaria para operar.

Otro aspecto que consideraron problemático es la restricción en las formas de garantía. El dictamen establece que solo se podrán respaldar créditos mediante depósitos en efectivo o cartas de crédito, dejando fuera otras formas como inmuebles, prendas o unidades productivas. Desde la opinión del sector, esto excluye a empresas que no tienen liquidez inmediata y favorece únicamente a quienes cuentan con altos recursos financieros.

La Coparmex también criticó que, pese a las sanciones contempladas para autoridades que incumplan resoluciones judiciales, se mantiene abierta la posibilidad de evadirlas argumentando “imposibilidad jurídica o material”.

“Reconocemos que las autoridades ahora enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advertimos que la cláusula de “imposibilidad jurídica o material” sigue siendo demasiado abierta.”, agrega el texto.

A su juicio, esto permitiría justificar la falta de ejecución alegando carencia presupuestal, debilitando el papel del amparo como mecanismo efectivo de protección.

Uno de los elementos más controversiales reapareció en la sesión plenaria: un artículo transitorio que permitiría aplicar retroactivamente la reforma incluso a juicios actualmente en curso. Para el organismo empresarial, esto vulnera principios básicos de certeza jurídica y afectaría directamente a ciudadanos y compañías que confían en un marco estable mientras litigan.

“Aún más grave es que en la sesión plenaria se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios actualmente en trámite. Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos.”, destaca.

La Coparmex señala que el país requiere un juicio de amparo accesible y confiable, que permita defender derechos y genere condiciones estables para la inversión.

Afirmó finalmente que limitar este instrumento podría traducirse en desconfianza institucional, menor seguridad jurídica y frenos al crecimiento económico. ( Agencia SIM )