Un juzgado investiga por falsedad documental y revelación de secretos a un militante de varios colectivos antifascistas de Madrid bajo la acusación de conseguir información de policías encubiertos durante años en estos grupos a través del Registro de la Propiedad

Archivo - Un policía nacional recién licenciado estuvo dos años infiltrado en un movimiento social de Madrid

Un juzgado de Madrid mantiene imputado desde hace meses a un activista por exponer en Twitter a policías nacionales que se han infiltrado en diversos movimientos sociales en la última década. Una investigación abierta por la propia Policía, que durante semanas recopiló tuits de este joven hasta conseguir la apertura de una causa en la Plaza de Castilla apuntando a que hizo decenas de búsquedas en el Registro de la Propiedad relacionadas con agentes que, según han publicado medios como La Directa o El Salto en los últimos años, se infiltraron en movimientos antidesahucios, ecologistas, antirrepresivos o independentistas mientras decenas de activistas —que no estaban acusados de nada— eran espiados sin saberlo. Una investigación judicial y policial a este activista que se suma a otra de la Agencia Española de Protección de Datos en la que se expone a multas de miles de euros.

La infiltración silenciosa de agentes policiales en distintos movimientos sociales de todo el país se ha convertido en uno de los grandes conflictos de estos colectivos que han descubierto que algunos de sus antiguos miembros eran, en realidad, policías jóvenes recién salidos de la academia de Ávila. Desde activistas de Barcelona que denuncian que mantuvieron relaciones sexuales con un policía sin saber que era un agente hasta colectivos de Madrid que se disolvieron poco después de saber que habían abierto las puertas de sus casas, a veces de forma literal, a policías encubiertos.

El atestado que ha conseguido la imputación de este activista no explica de dónde surgió la iniciativa de abrir una investigación, dado que los policías expuestos en estas publicaciones se han personado posteriormente en la causa judicial como potenciales afectados. La Brigada Provincial de Información se limita a explicar que han realizado “labores de rastreo en redes sociales” hasta detectar “publicaciones difundidas por militantes de movimientos radicales antisistema y de la ultraizquierda española”. Una “campaña”, dice el atestado, que tiene por objetivo “desvelar la identidad de funcionarios policiales”.

El documento policial alude de pasada a los dos medios de comunicación, La Directa y El Salto, que han revelado la mayor parte de estos casos y se centran en seis mensajes en la red social X –entonces Twitter– escritos por una misma cuenta en la que se ofrecen detalles de seis policías infiltrados en movimientos sociales y destapados en esas informaciones. Esa cuenta tiene detrás a un activista conocido tanto de la Brigada Provincial de Información como de varios topos policiales: Jorge J.A, integrante entre otros colectivos del extinto Distrito 14 de Moratalaz, que durante años compartió militancia con varios de estos agentes.

El atestado que ha propiciado la apertura de la causa judicial no detalla esas “campañas” de supuestos grupos radicales que sí menciona en su encabezado y apunta a seis tuits de la misma cuenta para concluir que algunos de los datos de estos policías solo podían ser obtenidos a través del Registro de la Propiedad, donde este activista realizó decenas de búsquedas, según acusa la Policía en su investigación previa a la judicialización del caso.

Es el argumento de la Policía para acusar a Jorge J.A. de dos delitos que su defensa ya ha recurrido ante el juzgado. Por un lado, revelación de secretos al entender que ha difundido datos personales de estos agentes. Pero también falsedad documental porque, entiende, accedió a sus datos del Registro de la Propiedad alegando “un interés legítimo falso” en sus solicitudes de información. El atestado se centra en este activista, pero también apunta al “Manual para destapar a un policía infiltrado”, publicación anónima que relata las herramientas usadas por colectivos sociales para detectar la presencia de agentes encubiertos en sus filas.

“No me cogió por sorpresa, sabíamos que esto podría llegar a pasar”, explicó este activista a El Salto tras conocerse su caso. Su defensa, tal y como ha podido constatar elDiario.es, ha solicitado al juzgado el archivo de la causa después de que varios de estos policías encubiertos se hayan personado en las diligencias contra él. “Solicitar unas notas simples al Registro, incluso si fuera bajo un ”falso pretexto“ tal y como sostienen los agentes investigadores, es una conducta penalmente atípica”, alega sobre la acusación de falsedad documental.

Este escrito, a la espera de una decisión por parte del juzgado, también alega que la información que difundió en Twitter no incluía información confidencial, sino que era pública en el Boletín Oficial del Estado o había sido publicada ya por medios de comunicación tras desvelar su condición de agentes encubiertos. “Resulta evidente que no se ha publicado información sensible o confidencial. No se han publicado datos íntimos ni el domicilio concreto de estos agentes”.

Proceso abierto en Protección de Datos

Los frentes legales contra este activista, que la Policía enmarca en una supuesta “campaña” que abarca medios de comunicación y una publicación impresa anónima, van más allá de la vía penal en los juzgados de Madrid. Según ha podido comprobar este periódico, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto un procedimiento y se ha dirigido a Jorge J.A para pedir explicaciones por varios de los tuits igualmente investigados por la vía penal en los que exponía las identidades de tres policías encubiertos. En los tres casos, mensajes en los que enlazaba a información publicada en el Boletín Oficial del Estado o en las redes sociales de los policías.

Los procesos abiertos por la AEPD no terminan en posibles penas de cárcel, como lo puede llegar a hacer una causa judicial, pero sí en cuantiosas multas económicas. En este caso, la Agencia ha requerido al activista para que revele el “origen” de los datos e imágenes que publicó —los propios tuits enlazan al BOE– así como la “base de legitimación” que tenía para difundirlos y un “análisis” sobre el equilibrio entre su libertad de expresión y la protección de datos de los agentes.

La revelación de la existencia de policías infiltrados en diversos movimientos sociales ha abierto un debate sobre la capacidad de acción y la falta de control en la actividad de agentes que pasan años, en ocasiones, formando parte del día a día de activistas sobre los que no pesa ningún tipo de investigación judicial. Desde un agente infiltrado durante dos años en un movimiento propalestino catalán hasta dos policías que formaron parte de Distrito 14, el colectivo del barrio madrileño de Moratalaz que en su momento fue objeto de detenciones policiales por invadir un pleno municipal sin que nadie fuera condenado.

Los activistas acusan desde hace años las consecuencias de estas infiltraciones policiales que después no se traducen en investigaciones judiciales, desde las denuncias de torturas hasta la disolución de algunos de estos colectivos. También han relatado cómo los policías infiltrados participaban activamente en sus acciones, hasta el punto de lanzar piedras contra los antidisturbios, para después ver cómo las causas judiciales en las que había agentes implicados se diluían en los tribunales hasta perderse. Por el momento ningún juzgado ha aceptado investigar si estas infiltraciones cumplieron con la legalidad.