Madrid

Sanidad está elaborando un informe para tomar medidas contra las comunidades autónomas que incumplan la ley que rige la interrupción de embarazo. Un documento en el que se tendrá en cuenta factores como la falta de registro de objetores de conciencia en Madrid, Aragón, Asturias y Baleares o la derivación masiva de los abortos a la sanidad privada concertada.

Ocho de cada diez abortos se siguen realizando en clínicas privadas concertadas, solo el 21% se hace en la sanidad pública. Pero hay cinco comunidades autónomas donde prácticamente no hay en la red pública: menos del 1% en Madrid, Andalucía, Murcia, o Castilla-La Mancha, donde más del 99% los siguen derivando a la red concertada.

Para ser más exactos, en Extremadura, Ceuta y Melilla no se realiza ninguna interrupción del

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