El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta con el que pretende incrementar la transparencia y rendición de cuentas de los altos cargos, que estarán obligados a hacer pública su agenda institucional. La nueva norma afectará a los distintos niveles de la Administración hasta el nivel de subdirector general. De esta forma, no sólo los ministros tendrán que publicar su actividad sino también los secretarios de Estado y escalones por debajo. Lo mismo sucederá en el caso de la Casa Real. No sólo los reyes tendrán que informar de su agenda sino también el jefe de la Casa del Rey, entre otros.

Fuentes gubernamentales apuntan, no obstante, a la tramitación completa de la ley (que tendrá que pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y por el Congreso y el Senado antes de su aprobación) para establecer el detalle de lo que tendrá que hacerse público. Por ahora el ministro de Función Pública, Óscar López, ha dicho que tendrá que publicarse toda la agenda institucional.

¿Pero qué es la agenda institucional? ¿Una reunión de un ministro o el presidente con un empresario? En principio la respuesta es sí, pero ¿y si la reunión se enmarca en el ámbito personal? Ese, según fuentes del Gobierno, es el debate que se abre ahora. López se ha remitido, no obstante, a la ley que regulará la relación con los lobbies, y que también está en tramitación, como una forma de controlar los encuentros de altos cargos, miembros del Gobierno o parlamentarios con sectores afectados. “Cuanta más transparencia, mejor”, ha dicho el ministro.

Sin embargo, no está claro que esa ley sirviera para detectar, por tanto, casos de corrupción como la relación de José Luis Ábalos con el empresario Víctor Aldama. Tampoco para dar transparencia a citas como la comida que protagonizó Carlos Mazón con una periodista el día de la DANA en el restaurante El Ventorro. “¿La comida del señor Mazón era oficial? ¿Estaba hablando con la periodista de la televisión pública?”, se ha preguntado López, que ha dicho que sobre ese asunto tiene “más preguntas”.

El proyecto legislativo también ampliará la obligación de publicar los asesores del Gobierno, incluyendo los temporales, y los salarios y otorgará, además, al Consejo de Transparencia la capacidad de imponer multas de entre 600 y 1.000 euros a quienes vulneren la normativa.