Salvador Illa ha centrado en la vivienda el discurso con el que ha abierto el debate de política general, que ha comenzado este martes en el Parlament, y ha lanzado ante los diputados la propuesta de hacer un nuevo “acuerdo de país” para poner en circulación el conjunto del suelo urbanizable actualmente existente en Catalunya, para ponerlo al alcance de los promotores para levantar inmuebles en todos los régimenes de propiedad. El Govern cifra en 210.000 los nuevos pisos que podrían salir de este plan, de los cuales calcula que entre el 40 y 50% podría ser vivienda protegida.

“Construir, construir y construir”, había recetado Illa el día anterior en la jornada sobre la vivienda celebrada por este diario . Un día después, Illa lanzaba un ambicioso plan que tiene como objetivo reacitivar la construcción a niveles anteriores al estallido de la burbuja del ladrillo de 2008. Para ello, la promesa es reactivar por fases el conjunto del suelo urbano y ofrecerlo a los promotores, con el objetivo de que puedan construir inmuebles libres, siempre con las reservas que marca la ley para VPO.

El Govern considera que esta política se complementará bien con el plan para construir 50.000 viviendas, estas sí, todas en régimen protegido o directamente públicas. Ahora bien, el plan para activar todo el suelo urbano no tiene plazo fijado, y podría alargarse mucho más allá de 2030, cuando en cambio Illa sí ha prometido que estarán listos los 50.000 pisos en régimen de alquiler protegido.

El president se ha referido también a la regulación de los precios del alquiler, activos en las zonas tensionadas de Catalunya desde hace casi dos años y que han supuesto contención de las rentas aunque no disminuciones, si se contemplan los inmuebles que se han fugado al mercado temporal. “Alejémonos de dogmatismos y actuemos con determinación: cuando el mercado no funciona hace falta intervenirlos, un mercado desregulado por sí solo no garantiza hoy el acceso a la vivienda”, ha subrayado Illa en una de las defensas más contundentes que se le recuerdan sobre la regulación de precios del alquiler.

“La desigualdad hoy se llama acceso a la vivienda”, ha considerado el president, que ha recordado que más de un tercio del gasto de las familias se dedica a pagar la vivienda y suministros. “Si no resolvemos el acceso a la vivienda, ponemos en riesgo los avances sociales”, ha dicho, en un discurso en el que puesto también el foco sobre temas como el agua y la energía, Rodalies, la segurdiad, el cambio climático o la lengua catalana.

Este es el segundo debate de política general que Illa encara como president y, igual que el año pasado, el jefe del Govern ha centrado la cuestión en la vivienda con un gran anuncio en la materia. Enfocándose en uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía en Catalunya, Illa hace también un guiño a sus socios de los Comuns, que han apostado la legislatura a los avances en materia de vivienda.

Menos concreto ha sido el president en relación con sus otros socios, ERC, también imprescindibles para sacar adelante el día a día del Govern. Los republicanos aprietan para que Illa sea exigente con la nueva financiación de la Generalitat, que se está convirtiendo uno de los huesos duros en la relación entre el Govern y la Moncloa.

En su discurso, de algo más de una hora, Illa prácticamente ha obviado la cuestión de la financiación. Se ha limitado a reclamar “paciencia” y a reafirmar que cumplirá todos los compromisos adquiridos con sus socios. Además, ha citado a ERC y Comuns como sus aliados más importantes, a quienes les ha pedido además que apoyen unas nuevas cuentas.

El debate de política general servirá para tomar el pulso la relación de la entente que se ha convertido en el apoyo de Illa, mientras que Junts también reclama al PSC que apoye algunas de sus propuestas en el pleno e, incluso, voces internas valoran como opción que la formación de Carles Puigdemont se siente a negociar unas cuentas.