“Llama la atención de esta Corte que la juez árbitro que dictó el fallo que nos ocupa haya necesitado de 719 fundamentos para resolver en la forma que lo hizo”, fue una de las frases que utilizó recientemente la Corte de Apelaciones de Santiago para acoger el recurso de queja en contra de una juez árbitro, acusada de inconsistencias en un fallo de un juicio arbitral.

Ese tono castigador de la Corte de Apelaciones cada vez se hace más común en los casos de juicios arbitrales administrados por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). A pesar de los jueces ser contratados de forma privada –recibiendo honorarios que pueden alcanzar cientos de millones al año–, los casos muchas veces terminan siendo resueltos por la Corte de Apelaciones, recibiendo

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