C IUDAD DE MÉXICO. — La Cámara de Diputados avaló este martes en lo general el proyecto de reforma a la Ley Aduanera enviado por la presidencia de la República, con 338 votos a favor, 129 en contra y sin abstenciones.

La reforma contempla modificaciones a 65 artículos, la adición de 44 y la derogación de 9 disposiciones, con el objetivo, según los impulsores, de fortalecer los controles, evitar la corrupción, cerrar brechas fiscales y optimizar la operación aduanera.

Sin embargo, la aprobación se da en un momento delicado, marcado por denuncias y escándalos vinculados al denominado huachicol fiscal . Críticos advierten que, si bien la reforma endurece reglas para los agentes aduanales y aumenta sanciones, no aborda con eficacia la corrupción institucional que ha permeado las aduanas y los cuerpos de seguridad.

Cambios clave y críticas

Entre los cambios más relevantes está el endurecimiento de la responsabilidad de los agentes aduanales, quienes ya no podrán escudarse bajo causas eximentes para evitar sanciones. Se les exige cumplir con nuevos requisitos —como no tener cargos públicos actuales y presentar informes patrimoniales— y habrá sanciones más estrictas por irregularidades.

La reforma también amplía los plazos de vigencia de las patentes aduanales: de 10 años prorrogables en algunos casos a 20 años prorrogables , para dar mayor “certeza” a los agentes y agencias.

No obstante, voces como las del PAN señalan que la reforma deja intacto el control militar y naval sobre las aduanas, lo cual dificulta la depuración interna de actos corruptos. Algunas críticas apuntan a que la iniciativa pretende encubrir redes ya documentadas dentro de la Marina y la administración aduanera.

El PAN reprochó que la reforma podría favorecer a quienes ya han estado implicados en corrupción aduanera. Federico Döring incluso escaló la protesta llevando un bidón de gasolina al recinto legislativo para simbolizar la vinculación con el “huachicol fiscal”.

Contexto del “huachicol fiscal” y los retos fiscales

El “huachicol fiscal” se refiere al contrabando de combustible y mercancías que evaden impuestos aduaneros, generando pérdidas millonarias al erario. Según el SAT, en 2025 ya hay expedientes abiertos que estiman daños al fisco por casi 23 mil millones de pesos .

Expertos advierten que este fenómeno no se explica solo por fallas normativas, sino por corrupción sistemática: colusión entre autoridades aduaneras, militares, agencias aduanales y empresas importadoras. La reforma, en su versión aprobada en lo general, es vista como un “primer paso” que aún debe probar que no quedará en letra muerta frente a la magnitud de los boquetes.

Por ahora, el dictamen pasa a la discusión de reservas y ajustes en el pleno. Todos los ojos estarán puestos en si los diputados corrigen los puntos más polémicos o si, finalmente, la reforma se aprueba prácticamente como fue enviada por el Ejecutivo. (Agencia SIM)