La decisión de la Comunidad Andina —que incluye a Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia— ordena a Perú que reforme urgentemente sus leyes, confisque maquinaria utilizada para la extracción de sedimentos de los ríos y demás equipamiento de minería, y ponga fin a las extensiones de un registro para mineros informales que, según los críticos, fomenta la ilegalidad.

Es la primera vez que la Comunidad Andina aborda un caso de este tipo y emite una determinación formal en contra de un país miembro mientras las autoridades intentan encontrar mecanismos para reprimir la creciente minería ilegal.

La extracción ilegal de oro se ha extendido ampliamente por la Amazonía a medida que la demanda global y el aumento en los precios del metal hacen que su comercio sea cada vez más lucrativo. Los analistas an

See Full Page