El Ministerio traslada nuevos indicadores a los servicios autonómicos de salud para hacer un seguimiento más estrecho de cómo están funcionando los programas de detección precoz de mama, colon y cérvix

La ministra de Sanidad exige por carta a Andalucía datos sobre el caos en el cribado de cáncer de mama

El Ministerio de Sanidad va a seguir más de cerca los cribados para prevenir el cáncer realizados por los servicios autonómicos de salud tras los errores que dejaron a 2.000 mujeres andaluzas con resultado dudoso en un limbo. Mónica García ha informado a los consejeros, en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial, de la nueva información que las comunidades tendrán que remitir a partir de ahora sobre sus programas de detección precoz.

“El Ministerio está para liderar y corregir cuando una administración autonómica no cumple. Se van a pedir los mismos datos que hemos pedido a Andalucía a todas las comunidades no solo para reaccionar ante lo ocurrido sino para reforzar la vigilancia”, ha señalado la ministra en una rueda de prensa. Los datos no solo se circunscriben al cribado de mama sino también a las pruebas para detectar cáncer de colon o cérvix.

Hasta ahora, los diferentes servicios de salud informaban sobre indicadores muy básicos de porcentajes de participación de los pacientes. Ahora, se afinará mucho más con indicadores como la cobertura de invitación –a cuántas personas se contacta–, la tasa de participación y de detección, cuántas mujeres aceptan la biopsia en caso de sospecha, cuál es el “valor predictivo” tras la confirmación o en qué estadios están los cánceres que se diagnostican.

Además, se incluyen unos “indicadores complementarios” como los falsos positivos o, por ejemplo, un dato clave en el caso de Andalucía: qué porcentaje de mujeres tuvieron acceso a una biopsia en los plazos recomendados desde su derivación.

Los nuevos criterios fueron acordados hace seis meses en la Comisión de Salud Pública aunque hasta ahora no se habían sometido al filtro del Consejo Interterritorial, el órgano político de decisión. Los técnicos llevaban dos años trabajando en un grupo específico para mejorar los sistemas de información de los cribados. “La evaluación, aspecto fundamental del programa, ha de permitir valorar, entre otros aspectos, el impacto del programa y la calidad y el rendimiento del mismo”, dice el documento que dio a luz el equipo de trabajo.

Mientras, el Gobierno andaluz está contantando una a una con las afectadas por los diagnósticos tardíos, la mayoría de ellas pacientes del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, para hacer una segunda prueba de revisión en un plazo máximo de “siete u ocho semanas”. El objetivo es que todas tengan el diagnóstico definitivo claro a fecha del 30 de noviembre.

Al Ejecutivo de Moreno Bonilla en las últimas horas se le han abierto dos frentes judiciales a raíz del escándalo: dos denuncias ante la Fiscalía de IU y Adelante Andalucía que acusan a la Junta de delitos como “homicidio imprudente” y “omisión del deber de prestar servicios sanitarios” y una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud por parte de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) en nombre de todas las afectadas.