La Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adecuar todos sus manuales y lineamientos técnicos para garantizar de forma efectiva el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados en los procesos de restablecimiento de derechos, estableciendo un precedente que busca proteger la autonomía progresiva de los jóvenes y evitar medidas como la institucionalización sin una justificación suficiente.

La decisión, contenida en la sentencia T-302 de 2025, obliga a la entidad a realizar ajustes en un plazo de seis meses para que las decisiones que afecten a los menores de edad reconozcan su nivel de autonomía y las implicaciones del tránsito a la vida adulta. El pronunciamiento se originó al estudiar el caso de una adolescente que fue internada en c

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