La oposición aprobó la ley que limita estrictamente la capacidad de los Presidentes de dictar decretos de necesidad y urgencia (DNU) pero deberá volver al Senado porque se introdujo una moficicación. Se necesitaban solo dos votos más para aprobarla.

El artículo cuestionado es el que establecía un plazo de 90 días para que el Congreso se pronuncie sobre la validez de los decretos, de lo contrario cae.

La prórroga actúa como un benficio para el Gobierno porque la resolución se corre hasta después de las elecciones cuando espera bosquejar un nuevo marco de alianzas que lo oxigene. Además no lo obliga a otro veto en víspera electoral

La iniciativa que ya tiene el respaldo del Senado con un amplio consenso modifica la ley 26.122 de 2006. Esa ley había sido impulsada por Cristina Feránd

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