El órgano fiscalizador contradice así a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, que consideró nula la contratación

Cuando salió a la luz el informe de la UCO sobre el caso Cerdán, la presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, pidió a la Cámara de Comptos —máximo órgano fiscalizador de la comunidad— que fiscalizara las obras adjudicadas a las empresas señaladas por los investigadores de la Guardia Civil por el supuesto amaño de contratos, Acciona y Servinabar . Las adjudicaciones fueron cinco: las obras del colegio de Arbizu, la adecuación del pabellón Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la construcción de 46 viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio de Ripagaina, en la zona pamplonesa, y de otras 62 VPO en ese

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