El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa presentada por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que fue asesinado en las playas de Barú, Cartagena, el 10 de mayo de 2022 durante un atentado perpetrado por sicarios colombianos.

La acción judicial fue dirigida contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, así como contra la cadena hotelera Decameron, lugar donde el fiscal se hospedaba cuando ocurrió el ataque.

En la demanda, la familia de Pecci sostiene que tanto los entes estatales como la empresa hotelera incurrieron en inacción negligente, lo que habría facilitado el desarrollo del hecho que terminó con la vida del funcionario judicial.

Según se describe en el documento admitido por el juzga

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