CDMX — El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) obtuvo una sentencia favorable que obliga al Congreso y al gobierno del estado de Durango a crear una ley local que regule la Declaración Especial de Ausencia (DEA), mecanismo que protege los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias.

Este viernes el IFDP informó que la administración estatal estaba obligada desde 2017, a través de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada a cumplir con esta disposición. Sin embargo, estaba en desacato, lo que ha provocado que familias de víctimas de desaparición queden desamparadas.

Ante esta omisión, la defensoría pública recurrió a un amparo en representación de las víctimas.

Al emitirse el fallo del juicio, la autoridad jurisdiccional asentó en la sentencia definitiva

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