NUEVA YORK – Fermín Arraiza Navas, director legal de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) , capítulo de Puerto Rico, afirmó que la reciente decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain de levantar la paralización de demandas a funcionarios gubernamentales tiene un “ impacto bien grande” en los procesos relacionados con la Reforma de la Policía en la isla.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York que preside el caso por la quiebra del gobierno de Puerto Rico determinó esta semana que las protecciones del Plan de Ajuste de la Deuda del Estado Libre Asociado (ELA) bajo la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) no pueden ser utilizadas para evitar demandas a nivel personal por violaciones de derechos civiles.

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