El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es una de las grandes apuestas del Gobierno para solucionar los altos precios de las casas en nuestro país y la falta de oferta. En concreto, en la actualidad, España afronta un déficit estructural de vivienda asequible que limita el acceso a amplias capas de la población. Este desequilibrio está cifrado por el Banco de España en torno a 700.000 casas.

Sin embargo, este plan de vivienda ya presenta algunos problemas, debido a que se considera que su presupuesto no es suficiente para llevar a cabo todas las promesas que plantea.

Desde la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) se considera que «los 6.666 millones de euros para cinco años siguen siendo claramente insuficientes para afrontar el déficit estructural de vivienda. En términos anuales, el presupuesto equivale a 1.333 millones de euros al año, frente a los 8.000 millones anuales que serían necesarios para converger con la media europea de inversión en vivienda (0,5% del PIB)».

Por tanto, el plan se queda en sólo un 16,7% de la inversión que necesitaríamos para situarnos en la media de la Unión Europea.

Además, ASVAL reivindica con fuerza el papel estratégico del alquiler asequible incentivado, una figura ya reconocida en la Ley de Vivienda, pero que, hoy en día, permanece claramente infrautilizada .

La necesidad de una Ley de Suelo

Otro de los principales retos para aumentar la oferta de vivienda asequible en España es la disponibilidad de suelo. Por tanto, se considera necesaria la presentación de una Ley de Suelo que solucione este problema.

Hasta ahora, los programas de colaboración público-privada se han centrado casi exclusivamente en suelo de titularidad pública, lo que limita de forma significativa su alcance. «Para lograr un verdadero salto en volumen y responder a la magnitud de la demanda, resulta imprescindible facilitar la movilización de suelo privado hacia proyectos de alquiler asequible, garantizando que esta participación no suponga una penalización o una pérdida de valor para los propietarios», defienden desde ASVAL.

ASVAL propone un modelo de colaboración en el que el promotor aporte tanto el suelo como el compromiso de ejecución de la obra , recibiendo a cambio el derecho de explotación de los alquileres durante un plazo amplio de tiempo y un canon complementario abonado por la Administración.

Más seguridad jurídica en vivienda

Por otro lado, el hecho de que los propietarios tengan mayor seguridad jurídica es fundamental para igualarnos con Europa.

«Un aspecto esencial para estimular la oferta de vivienda en alquiler es reforzar la confianza de los propietario s. En este sentido, ASVAL valora positivamente la introducción de una cobertura frente a impagos y daños , pero considera necesario perfeccionarla: debe extenderse a los procedimientos arbitrales, incluir gastos repercutibles y evitar interpretaciones que perjudiquen la legítima defensa del propietario», explican desde ASVAL.