Inmigrantes que venden comida, flores y otros productos en las aceras de California tendrán nuevas protecciones de privacidad destinadas a mantener sus identidades en secreto frente a los agentes federales de inmigración.

La medida, promulgada esta semana por el gobernador demócrata Gavin Newsom, se suma a otras leyes estatales promulgadas recientemente con las que se pretende proteger a los estudiantes en las escuelas y a los pacientes en los centros de salud del alcance de las acciones del presidente Donald Trump contra la migración no autorizada.

Estados gobernados por demócratas están añadiendo leyes que resisten a las acciones de Trump, incluso mientras él intensifica su campaña de deportación al intentar desplegar efectivos de la Guardia Nacional en ciudades lideradas por demócratas con el fin de reforzar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), los cuales arrestan a personas sospechosas de estar en Estados Unidos ilegalmente.

En contraste, algunos estados gobernados por republicanos están exigiendo que las agencias locales cooperen con los agentes del ICE.

“Las acciones de los estados realmente reflejan la polarización del país en este tema”, de acuerdo con Jessica Vaughan, directora de estudios de políticas en el Centro de Estudios de Inmigración y quien apoya las restricciones a la inmigración. “Hemos visto a algunos estados movilizarse para cooperar en la mayor medida posible” con el gobierno de Trump, y a otros “haciendo lo que pueden para tratar de impedir que se apliquen las leyes migratorias en su estado”.

En todo Estados Unidos, legisladores estatales han aprobado este año más de 100 proyectos de ley relacionados con la inmigración, según un análisis de The Associated Press efectuado con ayuda del software Plural, que da seguimiento a proyectos de ley. Las medidas están divididas casi por partes iguales entre aquellas que otorgan protecciones a los inmigrantes y las que se las niegan.

Una parte significativa de los vendedores ambulantes urbanos de California está constituida por inmigrantes. Algunos han sido detenidos en operativos migratorios, en parte porque su trabajo al aire libre en lugares públicos los convierte en blancos más fáciles que las personas que están bajo techo.

Suele requerirse que los vendedores ambulantes de California cuenten con permisos de las ciudades o los condados para poder ejercer su labor. La nueva ley les prohíbe a los gobiernos locales preguntar sobre el estatus migratorio de los vendedores, exigir huellas dactilares o divulgar información personal —nombre, dirección, fecha de nacimiento, sus identificadores en redes sociales y números de teléfono, licencia de conducir y Seguro Social, entre otras cosas— sin una citación judicial.

La ley, que entrará en vigor el 1 de enero, fue impulsada por preocupaciones de que las bases de datos de vendedores que están en manos de los gobiernos locales pudieran ser examinadas por agentes migratorios federales con el fin de detener o deportar a personas.

“Estamos hablando de seguridad en serio: seguridad para los negocios, seguridad para los seres humanos, seguridad para las personas que han pasado por tanto”, señaló Sergio Jimenez, organizador de vendedores ambulantes con la organización sin fines de lucro Community Power Collective en Los Ángeles.

Leyes adicionales firmadas recientemente por Newsom añaden el estatus migratorio a una lista de información médica protegida y les prohíben a las escuelas otorgar acceso a agentes federales de inmigración sin una orden judicial. Otra nueva ley de California les ordena a las escuelas e instituciones de educación superior notificar de inmediato al personal y a los estudiantes o padres cuando haya funcionarios de inmigración en el campus.

Al asumir el cargo, Trump revirtió una política que le impedía a los agentes federales de inmigración arrestar a personas en lugares delicados, tales como escuelas, iglesias y hospitales. Al igual que California, otros estados gobernados por demócratas respondieron con leyes que intentan crear lugares seguros para los inmigrantes.

Una ley de Maryland promulgada este año requiere que las escuelas públicas, bibliotecas y centros de salud restrinjan el acceso a los funcionarios de inmigración, a menos que presenten una orden judicial. El gobernador republicano de Nevada vetó una medida similar para las escuelas que había sido aprobada por el Congreso liderado por demócratas.

Mientras tanto, una nueva ley de Colorado permite aplicar sanciones civiles de hasta 50.000 dólares para centros públicos de cuidado infantil, escuelas, universidades, centros de salud y bibliotecas que recopilen información sobre el estatus migratorio de las personas, con algunas excepciones. Nuevas leyes en Rhode Island les prohíben a los proveedores de salud y propietarios preguntar sobre el estatus migratorio de las personas. Oregon también promulgó una ley similar para los propietarios.

En contraste, los estados gobernados por republicanos han aprobado numerosas leyes destinadas a reforzar las políticas de inmigración de Trump.

Nuevas leyes en Texas, Florida y Arkansas requieren que los alguaciles que administran cárceles celebren acuerdos federales con el fin de que sus agentes reciban capacitación para ayudar al ICE. La participación estatal y local en el programa federal 287(g) de aplicación de la ley de inmigración —nombrado así por la sección de la ley que lo creó— se ha incrementado enformemente, de 135 acuerdos en 21 estados antes de que Trump asumiera el cargo en enero a más de 1.000 acuerdos actualmente en vigor en 40 estados.

Pero algunos estados gobernados por demócratas se han negado a participar. Una nueva ley de Delaware prohíbe la participación en el programa, similar a los estatutos ya vigentes en California e Illinois. Vermont, gobernado por demócratas, también endureció sus restricciones sobre la participación en programas migratorios federales, derogando una exención que lo permitía durante emergencias.

Una ley de Connecticut, que entró en vigor en octubre, les permite a las personas demandar a los gobiernos locales que cooperen con las autoridades federales de inmigración, lo cual viola la llamada “Ley de confianza” del estado.

En Washington, nuevas leyes estatales les permiten a los trabajadores tomar licencia remunerada para asistir a procedimientos de inmigración para ellos mismos o familiares, y prohíben a los empleadores valerse del estatus migratorio para coaccionar a sus empleados.

Pero algunos estados gobernados por republicanos han promulgado leyes que limitan las prestaciones para las personas que se encuentran en el país ilegalmente.

Una nueva ley de Idaho les prohíbe a los inmigrantes que carecen de estatus legal recibir algunas prestaciones de salud financiadas con fondos públicos, incluidas vacunas, asesoramiento en caso de crisis y atención prenatal y postnatal para mujeres. Una nueva ley de Luisiana requiere que se revise que los solicitantes de prestaciones públicas tengan estatus migratorio legal y, si carecen de él, sean reportados a las autoridades federales de inmigración.

Varios estados gobernados por republicanos —incluidos Florida, Luisiana, Nueva Hampshire, Tennessee y Wyoming— han adoptado leyes que invalidan ciertas licencias de conducir emitidas a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos sin autorización.

Al comenzar este año, casi la mitad de los estados permitían que residentes que viven en el país ilegalmente tuvieran acceso a colegios y universidades públicas con el pago de la matrícula al precio destinado a los habitantes del estado. Pero ese número ha disminuido desde que Trump asumió el cargo y el Departamento de Justicia federal comenzó a demandar a los estados. En las demandas federales se alega que los estados están violando la Constitución al proporcionar precios estatales en las matrículas a personas que carecen de estatus legal, mientras que no ofrecen la misma prestación a ciudadanos estadounidenses provenientes de otros estados.

A partir del 1 de julio, Florida derogó su ley de una década que permitía que los estudiantes sin estatus legal tuvieran acceso a matrículas al precio estatal. Texas y Oklahoma, gobernados por republicanos, pusieron fin a políticas de matrícula similares después de que el Departamento de Justicia los demandó. Kentucky, cuyo gobernador es demócrata, también ha tomado medidas para suspender su política después de ser demandado.

Los legisladores de California intentaron mejorar los beneficios en el pago de matrícula para los inmigrantes, con una medida pionera que les permite a los estudiantes de universidades comunitarias que son deportados o salen voluntariamente de Estados Unidos seguir pagando matrículas a precios estatales mientras toman cursos en línea desde el extranjero. Pero Newsom vetó la medida este mes, citando “preocupaciones constitucionales significativas” de que el descuento en la matrícula se ofrecía sólo a estudiantes que salieron del país y no a residentes de otros estados del país.

Un proyecto de ley aprobado este año por el Congreso de Nuevo México, liderado por demócratas, habría ampliado los descuentos de matrícula estatal a inmigrantes que recibieron ingresos en ese estado durante los dos años previos, o que asistieron a cursos de educación para adultos durante al menos dos semestres. Pero la gobernadora demócrata Michelle Lujan Grisham dejó que el proyecto de ley languideciera sin promulgarlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.