Los referendos ilegales y el boicot a unas elecciones en el campus se penarán con esta cuantía. La pena de hasta 15.000 euros por colocar una pancarta se mantiene

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso rectifica y rebaja la pena a los estudiantes por atentar contra la libertad de expresión de un millón de euros a 300.000 euros en el borrador de la ley de educación superior (LESUC) que prepara. Por contra, se mantiene la condena de hasta 15.000 euros por poner una pancarta o la “falta de decoro institucional” y hasta 100.000 por participar en escraches o manifestarse sin autorización (en realidad no hay que pedir permiso, es un derecho fundamental garantizado en la Constitución).

La descripción de las infracciones con la calificación de “muy grave” ya no es tan vaga como en la versión del bo

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