El juez Juan Carlos Peinado , instructor del caso contra Begoña Gómez , ha decidido prorrogar hasta el 16 de abril de 2026 la investigación contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias , corrupción en los negocios , apropiación indebida de marca , intrusismo profesional y malversación de caudales públicos . El motivo, según figura en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli , es la existencia de «numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver» .

El magistrado constata que tales diligencias «difícilmente podrán completarse» antes del próximo jueves 16 de octubre , cuando expiraba el plazo inicial de instrucción. Entre ellas, se encuentra un informe clave de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil , que debe analizar los convenios de la Universidad Complutense de Madrid relacionados con el máster en Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez.

Además, la investigación incluye la revisión de los repositorios documentales aportados por empresas como Minsait , Flat 101 , Google , Devoteam y Telefónica , cuya colaboración se considera esencial para esclarecer las relaciones contractuales y el uso de marcas asociadas al máster.

También se ha solicitado a la Escuela de Gobierno de la Complutense y a Amazon EU que entreguen los correos electrónicos relacionados con los dominios institucionales del máster. Asimismo, el magistrado ha requerido a la Presidencia del Gobierno un listado de las personas que han ejercido el cargo de Secretario General de Presidencia desde julio de 2018 , con el fin de determinar quién autorizó los pagos de retribuciones a Cristina Álvarez , la asistente personal de Begoña Gómez.

Otra pieza esencial de la investigación es la obtención de los correos electrónicos personales y oficiales asociados a la cuenta de la esposa del presidente , que el juzgado todavía no ha recibido.

Pendiente de resolver las peticiones de las partes

El magistrado también subraya que está aún por resolver las peticiones de diligencias y sobreseimientos formuladas por las partes durante las últimas vistillas. En esas sesiones, Peinado concretó a los imputados —Gómez, Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid , Francisco Martín , y el empresario Juan Carlos Barrabés — que los presuntos delitos se enjuiciarían ante un jurado popular .

Por otra parte, el instructor menciona la reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid , que establece que la investigación sobre Gómez debe mantenerse en una única pieza . Esta resolución anula la decisión previa de Peinado de abrir una pieza separada para investigar el delito de malversación vinculado al posible uso privado de recursos públicos.

La Sección 23 de la Audiencia reprochó a Peinado que su auto carecía de una descripción «mínima o sucinta» de los hechos que justificarían esa separación, así como de los investigados a los que afectaría. A pesar de ello, los magistrados sí avalaron la investigación de una posible extralimitación en las funciones de la asistente personal de Gómez mientras estaba contratada con fondos públicos .

La prórroga concedida por Peinado abre un nuevo capítulo en una causa que, pese a su complejidad, ha adquirido un fuerte componente político y mediático , en tanto afecta directamente al entorno más cercano del presidente del Gobierno . La instrucción judicial , por tanto, continuará al menos hasta la primavera de 2026 .